Del resultado de la puja para escoger al nuevo inversionista-operador de Electricaribe depende la prestación del servicio de energía de 2,6 millones de personas en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, departamentos en los que tiene presencia la compañía que fue intervenida en 2016.
El problema, sin embargo, radica en que solo habría un proponente para el proceso, Enel Américas, por lo que diferentes voces se han alzado solicitando que el proceso se declare desierto.
A pesar de que la compañía hasta el momento no ha hecho pública ninguna oferta oficial, sí informó la compra de un paquete de información para realizar un análisis más profundo del estado de Electricaribe. En caso de que termine comprando la empresa, el grupo, sumaría a su portafolio cerca de 23% del mercado, lo cual lo colocaría por encima de los límites legales al ser propietario de Codensa, compañía con 24% de la participación total.
Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), expresó su preocupación por la modificación que propone el proyecto de Ley 132 de 2018, que busca cambiar los límites y extenderlos hasta una participación de 50%.
“La preocupación no es que sea uno u otro el proponente, el problema es que se pretendan modificar los límites para hacer caber a uno, porque los límites son creados precisamente para crear eficiencia, economía y que haya competencia dentro del mercado” explicó Castañeda, quien sostuvo que concentrar el mercado desde el lado de la comercialización tiene efectos oligopólicos y podría incidir sobre las tarifas.
Con esto coincide María Luisa Chiappe, presidente ejecutiva de Asoenergía, quien aclaró que aunque la situación de Electricaribe es urgente, también es preocupante esta propuesta.
“Permitir que los límites se violen no es correcto, pero tampoco se puede permitir que se cambien para acomodarse a una situación particular, porque se establecieron con el propósito de proteger al consumidor”, comenta Chiappe.
*Implicaciones del Proyecto de Ley 132 de 2018*
El senador José David Name, autor del proyecto, aseguró que lo que se busca con la propuesta no es favorecer a una compañía, sino darles más espacio a varias de participar. “Que una sola compañía haya pedido mirar los estados financieros de la empresa quiere decir que Electricaribe no es atractivo”, criticó Name, quien aseguró que es urgente solucionar la problemática energética de la Costa. Según el congresista, con los topes actuales, “ninguna empresa en Colombia va a poder presentarse”, y recalcó que por ello Enel mostró su interés a través de otra filial.
