Las protestas llevadas a cabo por las Universidades Públicas, en reclamo de mayores recursos para su funcionamiento tiene su origen en el incumplimiento de la ley 30 de 1992, que en sus artículos 86 y 87 previó como mínimo un crecimiento constante de los presupuestos de estas instituciones de educación superior.
Pero con el pasar de los años los gobiernos nacionales fueron incumpliendo ese artículo y los recursos que recibieron las universidades públicas fueron inferiores a lo allí establecido, acumulándose una deuda que hoy es billonaria y bastante falta hace a las universidades de los estudiantes más pobres del país.
A lo anterior debe sumarse el evidente crecimiento de todas las universidades públicas en cuanto a programas y cobertura, lo que hace cada vez más insuficientes los recursos del presupuesto para atender a la población estudiantil.
Esta crisis financiera que padecen todas las universidades, motivan los paros y protestas de los estamentos universitarios y la sociedad civil que espera que los recursos que antes se invertían en la guerra, se reorienten para garantizar derechos fundamentales como la educación y la salud cuyo deterioro hoy se traduce en muertes y desesperanza que alejan las expectativas de una paz real y duradera.
El país está atravesando una crisis profunda en materia de educación, una crisis que no es coyuntural, sino que se mantiene y se agudiza con el pasar de los años, pero que cada cierto tiempo se hace más notoria, más dramática a raíz de decisiones institucionales puntuales como es el caso de la aprobación del presupuesto del actual Gobierno Nacional para el 2019. El déficit de la educación superior pública en el país alcanza los 19 billones de pesos. Según las cifras aportadas por el SUE, Sistema Universitario Estatal.
Las familias de clase trabajadora en Colombia, siempre han luchado por ‘darles estudios a sus hijos’, por ‘sacarlos profesionales’ como dicen, como la única herencia realmente valiosa que se les puede dejar a las nuevas generaciones para que construyan sus propios proyectos de vida.
Si esta generación permite que las posturas macroeconómicas mercantilistas de los gobiernos de turno, acaben con la única oportunidad que tienen millones de colombianos de acceder a una educación superior, tendrá que cargar con una responsabilidad, una culpa y una vergüenza históricas
Un alto número de colombianos, hombres y mujeres, nos hicimos en la universidad pública. El pensamiento crítico, el conocimiento científico, la diversidad de la interculturalidad, el servicio social, el profesionalismo y la responsabilidad ética – ecológica – democrática se la debemos a ella. Hemos construido y liderado gobiernos, empresas, movimientos sociales, gremios económicos, asociaciones productivas, organizaciones no gubernamentales, expresiones culturales y muchas formas de vida sociopolítica gracias al alma mater regional. Hoy es momento de reconocerla por su calidad y defenderla de su desfinanciación estatal.
“Somos un país con solo 32 Universidades Publicas y 138 cárceles, de las cuales, 129 registran sobrecupos. Gastamos más en castigar que en educar” (Pacho Tolosa)
