Una de los mayores karmas que viven hoy muchos contratistas vinculados al estado por orden de prestación de servicios OPS, era precisamente costear por anticipado valores en relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes que no habían recibido la contraprestación por el servicio, el cual a partir de este mes está por terminar; más aún en el departamento de Nariño en donde el Estado es el mayor empleador, se calcula que un 30% de la población económicamente activa está vinculada de alguna manera al sector público de la economía. Una de las mayores preocupaciones de los contratistas era que ellos tenían que pedir dinero prestado para pagar anticipadamente estos aportes.
Según el Decreto 1273 del 3 de julio de 2018 expedido por el Gobierno les permitirá a más de ocho millones de trabajadores nacionales tener un alivio en sus bolsillos, a partir de octubre; este es un tema para quienes hemos vivido este proceso traumático de ser contratistas del Estado, el cual implica tener en caja un valor base para poder presentar cuentas de cobro y hacerlas efectivas ante la entidad contratante, lo anterior permite abrir la posibilidad de que las personas empiecen a trabajar y luego realicen el pago.
Ahora será una realidad un tema que siempre generó polémica sobre todo entre las oficinas de Talento Humano y las de Contratación en las entidades oficiales; mientras un funcionario vinculado a término fijo o indefinido decimos incluido en la nómina, no tiene preocupaciones para poder recibir su salario a fin de mes, al contratista le toca en el mejor de los casos en horas laborales realizar y presentar cuentas de cobro, informes de avances de actividades, soportes documentales, formatos dependiendo de la solicitud y además pagar por anticipado valores como salud, pensión y ARL, aspectos que a toda luz son reflejo de la inequidad laboral colombiana y en donde se presentan abusos de tipo laboral si se quiere utilizar el término.
Bien han dicho muchos vinculados a esta modalidad que incluso este tipo de trabajadores dedican mayor cantidad de horas a sus actividades que los empleados de planta en las entidades públicas.
En el decreto expedido por el Gobierno por mandato de un fallo judicial– quedó detallado que esta medida tendrá que ser tenida en cuenta por las EPS, ya que tendrán que garantizarles a las personas los servicios de salud, así el pago se haga mes vencido.
En el caso de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), los aportes serán registrados un mes después al laborado, en tal sentido las entidades deben estar pendientes de los registros, y verificar que los contratitas coticen realmente lo que ganan.
Todavía hay mucho terreno por recorrer e inconvenientes laborales por solucionar ya que actualmente los contratistas de OPS del Estado son considerados como empleados de segunda, utilizados con fines políticos y clientelistas.
