Dentro de sus víctimas estaban personal de la salud, profesores y pequeños comerciantes.
Por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, la Policía Nacional en Bolívar, en coordinación con la Armada de Colombia, Ejercito Nacional y Fiscalía General de la Nación logró la captura de diez personas que supuestamente delinquían en varios municipios del departamento, afectando a comerciantes.
“Gracias a estas acciones coordinadas se ha logrado reducir el flagelo de la extorsión (2%) en la jurisdicción de la Policía Bolívar. Con tan solo 46 casos reportados y denunciados este año, estas acciones han conllevado a mejorar los niveles de confianza y tranquilidad de los ciudadanos, basados en el horizonte estratégico de investigación criminal e inteligencia policial”, precisó la institución.
En los procedimientos de capturas por orden judicial se llevaron a cabo cuatro diligencias de allanamiento y registro, en los que lograron la incautación de un arma de fuego tipo revólver, calibre 38.
La investigación, que se adelantó desde el 2023, estableció que estos presuntos delincuentes estaban realizando cobros extorsivos a los gremios de comerciantes, ganaderos, mineros, agricultores, personal de la salud, profesores y pequeños comerciantes de las veredas y corregimientos de los municipios de Mompox, Margarita, San Fernando, Hatillo de Loba, Barranco de Loba, San Martín de Loba. En esas acciones extorsivas, los delincuentes recaudaban al mes 200 millones de pesos, aproximadamente.
Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Los identificaron con los alias de ‘Ñañe’, ‘Kamicasi’, ‘Monchi’, ‘Fabiola’, ‘Barriga de Moncholo’, ‘Tayson’, ‘Junior’, y ‘Chapo’. Además, cayó en flagrancia alias ‘Fredy, por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Portaba un arma de fuego tipo revólver Smith & Wesson calibre 38.
Posterior a este resultado, en el municipio de Altamira, Huila, se logró la captura por orden judicial de alias ‘Santiago’, quien supuestamente se desempeñaba como cabecilla de zona financiero de la subestructura Euclides Arley Pérez Goez del Clan del Golfo, por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y Homicidio.
Según las investigaciones, estos delincuentes imponían cuotas extorsivas de manera presencial, amenazando de muerte a sus víctimas. Se estableció que los comerciantes pagaban entre 100 mil y un millón de pesos mensuales, los ganaderos pagaban 10 mil pesos mensuales por cada cabeza de ganado, mineros un 10% de lo producido y agricultores 10% en las cosechas. De igual manera entregaban panfletos y manuscritos a las fincas para que las víctimas se comunicaran con ellos.