La presentación de un proyecto de ley por parte de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, que busca revivir la inmunidad parlamentaria, deja dos cosas claras; primero que la famosa lucha contra la corrupción es un tema que los políticos solo lo plantean, pero no lo quieren poner en práctica y segundo que en vez de avanzar como democracia queremos retroceder.
De acuerdo con dos artículos del proyecto de enmienda constitucional, el Fiscal General sería el encargado de “investigar y acusar” a los congresistas y a los magistrados y las comisiones primeras de Senado y Cámara validarían el avance de estos procesos.
Otro artículo, dice que “ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara a la que pertenezca, durante el periodo constitucional”, como quien dice se vuelven intocables para la justicia cualquiera que fuera el delito que hayan cometido.
En la actualidad quien adelanta esas investigaciones es la Corte Suprema de Justicia, y es gracias a esas investigaciones que hoy varios de los políticos corruptos del país, se encuentran tras las rejas purgando condenas en la mayoría de los casos por delitos de corrupción o apoyo a grupos al margen de la Ley.
Poco entendible es el hecho que con la presentación de este proyecto se pretenda desconocer los doce millones de colombianos que votaron la consulta anticorrupción, por parte de la senadora Paloma Valencia.
Ahora este articulito, nos retrocede en los avances que se han logrado desde la entrada en vigencia de la carta política de 1991 y nos lleva a la constitución de 1886, es decir retrocedemos más de cien años y solo para beneficiar a algunas personas.
La reforma a la justicia si es necesaria en nuestro país, pero esa reforma tiene que ser coherente con las necesidades de la rama y en ningún momento debe estar dirigida a buscar beneficios contractuales a algunos líderes de nuestra nación.
El país no puede ni debe ser sometido a una justicia amañada y su clase política –que es la encargada de legislar en esta materia- debe tener en cuenta que los tiempos han cambiado y que hoy los ojos de millones de colombianos están pendientes de su actuar.
La reforma a la justicia es imperiosa y necesaria, pero la misma se tiene que hacer pensando en el país y no en intereses personales.