Con 19 votos a favor y 9 en contra, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en su primero de cuatro debates el llamado proyecto de reforma a la Policía.
El proyecto resulta espinoso porque toca uno de los temas que más rechazo tiene en los sectores de Gobierno: el traslado de la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio de Justicia.
La iniciativa “tiene por objeto trasladar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio de Justicia y del Derecho con el fin de garantizar su naturaleza civil y consolidar y mantener la seguridad y las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, además de asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”, dice el texto de la iniciativa.
Detrás de este traslado hay un debate de fondo sobre la función de la Policía. A pesar de que está claro que la institución es un cuerpo civil armado, algunos sectores consideran que deben mantener algunos elementos de formación castrense, especialmente porque ha sido una Policía formada para desarrollar sus labores en medio de un conflicto armado. Quienes comparten esta postura han optado por mantener a la institución en el Ministerio de Defensa.
Por el contrario, en los sectores alternativos consideran que se debe trasladar al Ministerio de Justicia, con el fin de que haya una transformación hacia un enfoque más de tipo civil, alejando a la institución de la perspectiva militar.
Este proyecto de ley fue presentado en el marco de la iniciativa “Los Jóvenes Tienen la Palabra”, la cual nació como la respuesta de congresistas de distintos partidos al paro nacional vivido entre los meses de abril y junio de 2021 en el país.
Según un informe de la ONG Temblores, durante el reciente paro nacional se documentaron 4.285 hechos de violencia cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública.
Las más de 4 mil denuncias incluyen: 1.486 víctimas de violencia física, 70 víctimas de agresiones oculares, 215 de disparos de arma de fuego, 28 de violencia sexual, 8 de violencia basada en género, así como 1.832 detenciones “arbitrarias” de manifestantes, 734 intervenciones violentas en el marco de las protestas pacíficas, 30 casos de uso de arma Venom por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y 41 casos de afecciones respiratorias por el uso de gases lacrimógenos.
