Comenzó el debate por la nueva política que, para enfrentar el tráfico de drogas en Colombia, impulsa el Gobierno. Dispuesto se encuentra el decreto gubernamental, expedido por el Presidente de la República y sus ministros respectivos, por el cual se ordena a la Policía para que incaute todo tipo de droga o alucinógenos, incluyendo pequeñas dosis o las llamadas “dosis personales”, que suelen portar los adictos al consumo de estos alucinógenos
Según el decreto del Gobierno, se pretende, que luego de las incautaciones de droga, se proceda a escuchar en descargos al sujeto portador y quién sea adicto lo pueda acreditar y si así lo hace, se le regresa su dosis personal; si no lo acredita, se destruye la droga incautada Para que le devuelvan el material incautado, la persona debe demostrar que es un adicto, bien con certificado médico o con declaración de sus padres según el caso.
Para justificar la medida, se exponen variopintos argumentos: con esta decisión se pretende combatir el microtráfico, que se viene amparando en la permisión de la dosis personal, para desarrollar canales de distribución en colegios, universidades, barrios, etc., facilitando la manera de llegar a los jóvenes y los distribuidores se escampan en la mampara de la dosis mínima, para realizar su ilícito mercado y evitar ser judicializados. La política también es apoyada por el Fiscal General, quien ve en esta acción una estrategia efectiva contra el consumo de estupefacientes y el microtráfico.
Para la oposición del Gobierno, estas medidas “no sirven para nada” y según ellos la experiencia demuestra que los países que fundamentan su política antidrogas en la prohibición extrema, “como Estados Unidos, lo único que ha sucedido es llenar las cárceles de jóvenes, en general, pobres o negros, pero sin solucionar el problema”. Según los detractores de la política gubernamental, decretos como estos, solo consiguen “encarecer la droga, potenciar las mafias y enriquecer al jíbaro”.
En nuestra opinión, se trata de una medida bien intencionada; con el Decreto no se está criminalizando nuevamente la dosis personal, como equivocadamente han señalado algunos, ni desatendiendo la jurisprudencia sobre la materia edificada por el Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Es una estrategia para combatir el microtráfico, diseñada dentro de las competencias policivas que le corresponden al Presidente de la República y que puede arrojar resultados positivos en el empeño propuesto. Para nadie es desconocido el desorden que reina en este campo; los traficantes vienen utilizando la flexibilidad que existe con los consumidores de la dosis mínima, que garantiza el libre desarrollo a la personalidad, para esconder el verdadero propósito de una empresa de microtráfico de drogas dirigido a ampliar el consumo, a costa de la salud de nuestro jóvenes. Lo grave sería que el Gobierno no implementaría medida alguna; ahora que lo hace, debemos apoyar la estrategia y velar por que dé frutos positivos para la convivencia social.
