Definitivamente y por la experiencia vivida el domingo anterior en el municipio de Cicuco, es claro que el mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución, debe ser reglamentado para evitar un degaste inoficioso del Estado en este tipo de eventos.
La poca asistencia a las urnas en el certamen democrático, es una muestra clara que estas revocatorias no tienen el sentido con el cual se plasmaron en nuestra carta política, y más bien quienes las promueven lo están haciendo por diferencias político partidistas o de índole personal.
Más de cincuenta unidades de la policía nacional, desplazadas desde Cartagena más las de Mompos, acompañadas de la seguridad del Ejército Nacional, el personal de la Registraduría Nacional, de Magangué, Cartagena y Bogotá, se hicieron presentes acompañados de funcionarios de la Procuraduría y CTI, para coordinar y verificar la legalidad del proceso electoral.
Este desgaste institucional, con un costo millonario no se puede seguir dando para obtener resultados como los del domingo anterior, en donde ni siquiera se logro cumplir con el veinte por ciento del umbral de votos que exige la ley para su validez.
Fue tal el fracaso de esta revocatoria, que sus promotores que presentaron 1.600 firmas para su aprobación, no lograron llevar a las urnas sino 1077 votos a la hora de ratificarse.
Y es ahí en donde el CNE debe proponer al gobierno nacional una reforma estructural de este mecanismo, pues no se puede seguir permitiendo ese desgaste funcional del Estado a más de lo que económico que no es cualquier peso lo que se está perdiendo.
Bueno sería que ante esta coyuntura, la modificación que se haga evite que el Estado como tal, siga malversando recursos en este tipo de actividades.
¿Por qué no se exige a los promotores de los comités de revocatoria, una póliza que ampare los gastos invertidos en la organización electoral y si no se lograr el umbral hacerla efectiva para recuperar los recursos?
Puede ser una de las acciones a realizar para contrarrestar el abuso que se está haciendo de este mecanismo de participación ciudadana, y la vez evitar que las convocatorias a revocatoria sean el fruto de enemistades personales o políticas.
