Los abogados del antiguo capo colombiano del narcotráfico Gilberto Rodríguez Orejuela, que tiene 81 años y desde 2006 cumple una condena a 30 años de prisión en Estados Unidos, afirmaron este lunes que la propagación de la COVID-19 en la cárcel es “atroz y atemorizadora” y pidieron su puesta en libertad.
“Gilberto Rodríguez-Orejuela está en el nivel más alto de riesgo (una persona de edad avanzada con varias enfermedades crónicas)”, afirmó el abogado David Markus en una nueva solicitud en ese sentido dirigida al juez Federico Moreno, del tribunal del distrito sur de Florida.
El abogado indica que el propio Departamento de Prisiones de EE.UU. reconoce que hay 45 presos y 22 guardianes que han dado positivo al coronavirus en la cárcel donde está el cofundador del cartel de Cali, Butner Medium (Carolina del Norte), y decenas de casos de COVID-19 en los otros centros del mismo complejo penitenciario situado en Carolina del Norte.
A su juicio, hay “buenas razones” para creer que los informes de las autoridades carcelarias no reflejan con exactitud la magnitud del problema, pues se refieren solo a casos confirmados.
Markus pidió al tribunal que tenga “compasión” y excarcele a Rodríguez Orejuela, como han hecho “numerosos tribunales alrededor del país” con presos en peligro de contraer el nuevo virus, lo que acompaña con una lista pormenorizada de casos.
Después de recibir en febrero una negativa del tribunal a una petición de libertad anticipada para su cliente, Markus había reiterado su solicitud en marzo alegando que el antiguo capo del cartel de Cali no fue condenado a muerte en 2006 sino a 30 años de prisión y si seguía preso podía sucumbir al coronavirus.
Markus pide aplicar a Rodríguez Orejuela una nueva ley federal de reducción de penas, la “First Step Act”, en razón de sus múltiples dolencias y achaques.
La idea es que, una vez en libertad, Gilberto Rodríguez Orejuela viva con su esposa, Myriam Rodríguez, y su hija de 54 años, Alexandra Rodríguez, en Bogotá.
Aunque los Rodríguez Orejuela cumplían condenas en Colombia, fueron extraditados a EE.UU., donde tribunales de Florida y Nueva York los acusaron del envío de más de 50 toneladas de cocaína hacia ese país y en 2006 los sentenciaron a cada uno a 30 años de prisión.
