La Procuraduría General de la Nación abrió este martes una indagación preliminar contra siete congresistas que actualmente se encuentran en ejercicio y tres excongresistas que terminaron sus periodos en el Legislativo el pasado 20 de julio.
Según el Ministerio Público, su decisión se da porque al parecer los dirigentes políticos incidieron en procesos de contratación en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por lo que la Procuraduría inició una investigación para establecer si se había creado una nómina paralela con fines electorales en la entidad.
“Estamos indagando sobre un presunto influjo de recomendaciones de carácter político en el caso de la contratación de algunos funcionarios del SENA. En cada caso es distinto, pero se trata de congresistas cuyos nombres ya se conocen y estamos indagando en un primer momento”, aseguró este martes Fernando Carrillo, procurador General de la Nación.
“Aún no hay una investigación formal, pero a raíz de todas las denuncias que se han presentado en esa entidad, la Procuraduría decidió iniciar la investigación”, precisó el jefe del Ministerio Público, quien también señaló que en caso de comprobarse las irregularidades por parte de los funcionarios públicos se impondrán las sanciones disciplinarias correspondientes.
Los afectados con la indagación preliminar anunciada por la Procuraduría este martes son Manuel Guillermo Mora Jaramillo (exsenador Partido de la U), Julián Bedoya Pulgarín (senador del Partido Liberal), Maritza Martínez Aristizábal (Partido de la U), Elda Lucy Contento Sanz (exrepresentante del Partido de la U), Alfredo Ape Cuello (representante Partido de la U), Eloy Quintero Romero (representante Partido de la U), Sara Elena Piedrahita Lyons (representante del Partido de la U), Miguel Amín Escaf (representante Partido de la U), Argenis Velásquez (exrepresentante a la Cámara del Partido Liberal) y Hernán Penados (exrepresentante a la Cámara del Partido de la U).
Se trata de denuncias por una contratación “de una típica nómina paralela en el SENA”, dijo el procurador Fernando Carrillo en ese momento, cuando se iniciaron 17 investigaciones disciplinarias en 10 departamentos.
“Vamos a proceder, cuando ello sea necesario, a la suspensión de los directores regionales del SENA que se prestaron para esta nómina paralela (…) No es tanto el monto (de los contratos), es lo que representa la contratación de una persona para que cumpla una función electoral, con fines partidistas, con patrimonio público”, precisó Carrillo el pasado mes de febrero.
