La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por dos meses al alcalde de Turbaco, Bolívar, Antonio Víctor Alcalá Puello (2016 – 2019) por irregularidades en la publicación de un contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP-.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Cartagena estableció que el funcionario no ejerció el control que le correspondía sobre los documentos de un contrato que debían publicarse en esa plataforma.
El Ministerio Público encontró que varios de los documentos registrados en el SECOP no coincidían en su contenido con los que reposaban en la carpeta del proceso contractual, que tenía como objetivo adjudicar el suministro de elementos de aseo para las diferentes dependencias de la alcaldía.
Entre los documentos publicados se encontraban el acta de cierre y apertura de sobres del proceso, el informe de evaluación de la propuesta, la oferta seleccionada y la aceptación de oferta. Esta última fue registrada en la plataforma por un monto de $19’572.384, mientras que en la carpeta del contrato se encontró que el valor de la propuesta era de $19’172.384.
Para la procuraduría con esa conducta el alcalde vulneró los principios de responsabilidad, debido proceso, publicidad y transparencia.
En el mismo fallo, el Ministerio Público sancionó con un mes de suspensión a la jefe de Almacén de la alcaldía, Lucila Elena Flores Torres, por evaluar la propuesta presentada por el contratista sin estar delegada para cumplir esa función.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó las conductas de los funcionarios como faltas graves cometidas a título de culpa grave.
El fallo del Ministerio Púbico fue apelado por los disciplinados.
