No dejan de sorprender los recientes casos aberrantes en contra de la vida, ahora resulta empeorada la conducta que atenta contra la integridad y la vida. Es decir, no solo los adultos agreden a los niños, ahora hemos tocado fondo, llegando a lo más ruin: también los niños están matando y violando otros niños.
La muchedumbre, con odio, pide justicia a través de la venganza, incluso piden que se le aplique la ley de “Talión”, esa de: ‘ojo por ojo y diente por diente’. Así de mal estarán nuestros corazones, que el concepto de justicia sigue siendo vetusto y retrógrado, pues despreciamos la barbarie pueril pero paradójicamente queremos castigarla sometiendo al victimario juvenil con el mismo rasero de violencia, sangre, dolor y tortura.
Aniquilar a un infante sería un mensaje desacertado a la humanidad, esto sería como extinguir un incendio con galones de combustible. De ahí que la conducta infame de nuestros niños y jóvenes es consecuencia de lo mal que estamos actualmente como sociedad.
Lo anterior, demuestra que la verdadera guerra contra la delincuencia infantil se está dando en terrenos equivocados, si bien es cierto que la Ley 1098 de 2006, creó el “Sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SPRA)”, la cual excluye a los menores de 14 años de años de alguna sanción punitiva, lo anterior teniendo en cuenta que los “niños” son sujetos de especial protección Constitucional, no es menos cierto que estas circunstancias han resultado inútiles, algo semejante ocurre con las sanciones aplicadas a los menores entre los 16 y 18 años, las cuales prescriben una pena no mayor a 8 años de la privación de la libertad.
Por ejemplo, aplicar las mismas sanciones de los adultos hacia los niños o jóvenes, tampoco garantizaría resultados loables, puesto que los resultados de la política criminal en Colombia son un concepto fracasado; ya que, si las cárceles no resocializan ni a los adultos, mucho menos lo van a lograr con los niños (pese a que no sean cárceles propiamente dichas). En consecuencia, si demandamos protección para los niños y jóvenes, que esta no implique una licencia para delinquir y legitimar la impunidad.
En mi concepto existe una concurrencia de culpas entre las políticas públicas y los padres, si bien es cierto que existen unas instituciones débiles como el ICBF, que desafortunadamente no cuentan con el capital humano y económico para un excelente funcionamiento, no podemos dejarle solamente esta obligación natural, solamente al Estado, los padres son los primeros responsables, y sobre todo en el control de la reproducción, pues a pesar de existir métodos de planificación e interrupción, prefieren traer niños al mundo, y dejarlos como una sombra a la deriva.
Entonces, ¿Por qué culpamos sólo al Estado? ¿Por qué no conminamos a la sociedad a cumplir su deber natural?.