En febrero de este año, durante la audiencia preventiva al proyecto Hidroeléctrico de Ituango (Hidroituango), realizada en Medellín, la Contraloría General de la República anunció que realizaría una auditoria al mismo. Por esto, durante un mes, el organismo de control recorrió las zonas afectadas para conocer de primera mano las denuncias de las comunidades.
Tras completar dicho recorrido, que incluyó cuatro departamentos: Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar. Este último con los municipios de San Jacinto del Cauca, Magangué, Pinillos, Achí y Montecristo, se recolectaron más de 300 quejas de las comunidades.
Según Luis Carlos Pineda Téllez, contralor delegado para la participación ciudadana, quien encabezó el recorrido terrestre y fluvial, el común denominador de las denuncias y peticiones que recibió de los habitantes de la zona, río arriba y río abajo del proyecto, corresponden a las posibles afectaciones que están teniendo sobre sus actividades socioeconómicas, como la pesca, el barequeo, el comercio de arenas y la agricultura, cuyo impacto podría tener una cuantía significativa.
De acuerdo con los testimonios recogidos, las poblaciones damnificadas derivan su sustento, en un 90 por ciento, de dichas actividades. Además son recurrentes las denuncias sobre daños psicosociales y de infraestructura de los territorios, ocasionados por la creciente súbita del río Cauca, que se generó en mayo de 2018.
Panorama de Bolívar
Eulalia Corpa, habitante de Achí, expresó que la calidad de vida en esa población ha bajado más de un 50 por ciento, porque todo es más caro, pues “si no se puede sembrar nada, todo sube”.
Los municipios afectados serían Magangué y Montecristo, donde se encontró que tras las maniobras en la Hidroeléctrica se produjo un bajo caudal en el río que no permite acceder al agua ni a las actividades económicas. Además, al secarse la ciénaga, en el caso de Montecristo, quedaron incomunicados, pues su medio de transporte es fluvial. Sin embargo, EPM no los reconoce como afectados.
La situación es similar en el municipio de Achí, en donde también se frenaron las actividades económicas y se afectó el transporte fluvial. Pese a que esta población es reconocida dentro de los afectados por Hidroituango, ni EPM, ni el Estado han hecho presencia.
Finalmente se denunció que no hay claridad sobre la población afectada y no existen programas concretos de reactivación económica. Hasta el momento apenas se comenzó el censo para realizar estos programas, que cuentan con 800 cupos y solo para Antioquia.
Traslado de denuncias
Las 300 denuncias recolectadas fueron trasladadas a EPM, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), la Procuraduría General de la Nación y gobernaciones y alcaldías.
