Las puertas de los bares están abiertas de par en par, la música que sale desde el interior envuelve como el calor a las muchachas que están sentadas en sillas plásticas en la acera esperando clientes, alguna de ellas sin haber desayunado.
Entre esas mujeres se encuentra Andrea*, una joven venezolana de apenas 23 años de edad, quien tuvo que abandonar el vecino país para buscar «mejores condiciones de vida» en un municipio como Magangué.
Según datos suministrados por la Personería Municipal, más de 2 mil venezolanos habitan en esta población, y en su mayoría entraron a engrosar la lista de vendedores estacionarios que invaden el espacio público.
Lamentablemente, el 5 por ciento de esa cifra corresponde a mujeres que se dedican a la prostitución. Es triste, pero esa es la realidad.
«Es un problema muy grave. Sabemos que hay magangueleños que hacen lo que sea para conseguir plata e ir a los bares donde están las venezolanas. Tenemos que hacer algo antes de que esto se nos salga de las manos”, indicó Pedro Reales Vanegas, periodista de este municipio.
Un drama que requiere atención
Este medio estuvo el pasado fin de semana en la llamada «Zona Rosa» y constató que lo que ocurre con las jóvenes del vecino país que llegaron a ejercer la prostitución es un verdadero drama que requiere una atención especial de parte del Gobierno Nacional.
Son dos los bares donde prestan sus servicios las mujeres venezolanas y, aunque todavía no se ha hecho un censo real para saber el número de ellas, se estima que hay más de 90, según lo relatado por las mismas jóvenes.
Y de acuerdo a ciertos líderes cívicos, más allá de las acusaciones que se han hecho contra las chicas venezolanas, lo que se está viviendo es una situación social muy compleja a la que hay que hacerle frente.
El llamado entonces es para la Gobernación de Bolívar y para el mismo Estado, debido a que en Magangué la Administración Municipal hace lo que puede, pero este problema está a punto de salirse de sus manos.
