Por el atentado terrorista de la semana anterior en la capital de la República, pasó desapercibida una información que a todas luces no deja de ser preocupante teniendo en cuenta que tiene que ver con el 8.5% de las acciones de la Empresa Colombiana de petróleos Ecopetrol y que por propuesta del ministro Carrasquilla y al parecer con la anuencia del Presidente Duque, serán vendidas.
En economía se dice que cuando un activo se vende con el ánimo de hacerse a otro que de mayor rentabilidad es una muy buena operación bursátil.
En este caso no es así porque de acuerdo a lo que se sabe -ante el constante silencio del mismo ministro con los colombianos- la plata que se obtendría de la venta de este paquete accionario propiedad del Estado, sería para cubrir el hueco del presupuesto en el presupuesto de la nación del presente año.
Es decir, se va vender algo que le produce ingresos a la nación para luego no tener nada productivo que genere esos ingresos que se dejaran de recibir.
Se le olvida al ministro que la Ley 1118 de 2006 dice que el Gobierno no puede tener menos de 80% de la propiedad accionaria de Ecopetrol; es decir, en manos privadas no puede haber más de 20%, al considerarse una empresa estratégica de seguridad nacional.
Debe tener en cuenta el Ministro que la Ley 226 –obliga al gobierno- a hacer la oferta primero al sector solidario y nadie sabe qué puede pasar en esa operación, en una coyuntura financiera en la que están llegando muchas empresas de ese sector.
La otra gran pregunta que se hacen hoy los analistas económicos de la nación es cuánto vale ese 8.5% del mayor y más productivo activo que tiene la nación.
Para alguno ese por ciento que vendería el gobierno podría tener en el mercado accionario un palor que podría oscilar entre los 9.5 y diez billones, dinero que sería más que suficiente para cubrir el déficit del presupuesto del presente año que puede estar sobre los ocho billones de pesos.
Mal negocio que lo único que tendía de bueno es que con esa venta se evitaría que el actual gobierno presentará una nueva reforma tributaria a los colombianos, que a la fecha aún no asimilan los resultados de la aprobada a finales del año anterior y que nos dejó la imposición del IVA a muchos productos de la canasta familiar.
