Ayer en horas de la tarde, en un el auditorio Eloy Tato Losada de la Corporación Tiempos de Vida se desarrolló una reunión entre los miembros de las diferentes veedurías del contrato firmado entre Alcaldía municipal de Magangué y el Consorcio, que incluye pavimentación en el sector de Barrio la Candelaria y en un importante sector comercial del centro de Magangué.
Por la forma como se ha ejecutado las obras se ha provocado un fuerte impacto negativo en la economía de los comercios alrededor del sector que incluye la Iglesia de San Pio X y la sede del ICBF, aunque el factor que alarma a los comerciantes del sector son los evidentes retrasos en la ejecución de la obra en ese sector y el posible incumplimiento de la entrega del total de las obras contratadas para el próximo 12 de octubre, fecha en la que se cumplen los 9 meses para entregar todo lo contratado.
Se debe comunicar a la comunidad los tres tramos principales de este proyecto son 1. Candelaria 2. San Pio – ICBF y 3. Mercado Baracoa – Mercaya – Avda. Luis Carlos Galán. En la actualidad a 2 meses de finalizar el contrato solamente se han presentados avances representativos en el sector 1, presentando muchos retrasos el sector 2 y no hay intervención en el sector 3.
La veeduría ha podido precisar que hubo fallas en la planificación previa del contrato que ha llevado a que se presenten imprevistos previsibles en la ejecución del mismo, la firma contratista no ha dispuesto del suficiente personal y maquinara para avanzar lo necesario, dejando perder tiempo en la ejecución.
Todos estos factores han provocado unas perdidas en las ventas a los comercios donde sus ingresos a llegado a niveles del 20% de lo habitual, causando despido de personal, cierre de establecimientos, crisis económica, así como problemas de salud en el sector por malos olores, y más recientemente se ha identificado el primer caso de dengue entre los vecinos.
Por todo lo anterior, ésta veeduría liderada por la Cámara de Comercio de Magangué ha convocado a la Procuraduría Provincial de Magangué, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal con la finalidad que estos entes adelante los protocolos de acción frente a las fallas en el proceso de contratación y en la ejecución de las obras de tal forma que trabaje en dos frentes: el primero en el avance de las obras y el segundo en la acciones disciplinarias a que haya lugar por los errores que han incrementado los perjuicios a la comunidad.
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