Desde el año 2013, se viene insistiendo desde diferentes vertientes política la imperiosa necesidad de igualar los periodos de alcalde y gobernadores con el del presidente de la república.
La idea nace por la imperiosa necesidad que existe de que exista un ordenado y coordinado desarrollo de la nación y los entes territoriales que la conforman, es decir con departamentos y municipios.
Y tiene razón de ser porque como ejemplo se puede citar lo que acontece en el país. Primero el gobierno que se fue dejo de recibir y tramitar proyectos para los entes territoriales desde el inicio del año, con la excusa que sobre los mismos quien debería evaluar, tramitar y darle viabilidad sería el nuevo gobierno.
Y ahora, una vez posesionado el nuevo gobierno dice que hay que esperar a nuevos recursos, estudiar y poner en marchas esos proyectos, acción esta que puede tardarse un año en promedio, lo que a las claras hace ver que existe una parálisis en la ejecución de por lo menos 18 meses.
Pero bueno, esa es la realidad de nuestro país.
Retomando el tema, ampliar el periodo de los actuales mandatarios municipales y departamentales, podría ser beneficioso para unos municipios y departamentos, pero una verdadera catástrofe para otros.
Beneficioso, para Magangué y Bolívar porque tanto su gobernador y alcalde respectivamente, han hecho una labor que no se puede desconocer y lo más importante es que se puede ver.
Pero esa ampliación del periodo, sería catastrófico y lamentable para algunos municipios de nuestro departamento, en donde sus titulares no han logrado ejecutar su programa de gobierno y vienen recibiendo el rechazo de las mismas comunidades que los llevaron a esos cargos.
Pero hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y que deben pensar los legisladores antes de aprobar una reforma como esta, y es que el elector primario – que es la base de la democracia de cualquier nación- escogió a sus mandatarios por un periodo de tiempo fijo, en este caso del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre del 2019, y no son ellos por muy legisladores que sean, quienes pueden –en algunos casos por interese amañados políticos- quienes pueden cambiar esa voluntad del pueblo soberano.
