La Superintendencia de Salud se convirtió en una policía política que impulsa la reforma a la salud debilitando a las entidades promotoras con multas, intervenciones y liquidaciones.
La Superintendencia de Salud, encargada de inspeccionar, vigilar y controlar el sistema general de seguridad social, se ha convertido en una de las entidades más importantes del Gobierno. En línea al objetivo reformista de esta administración, la institución ha multado, intervenido y liquidado varias EPS en medio de actuaciones ampliamente cuestionadas.
Para nadie es un secreto que el Gobierno busca eliminar las EPS mediante la reforma a la salud que se tramita en el Congreso de la República. Es una decisión tan compleja que terminó con el rompimiento de la coalición oficialista, el estancamiento de las otras reformas y proyectos de interés nacional, y la salida de por lo menos un ministro.
Por esta razón, el sector salud teme que se utilice la Supersalud como una herramienta para presionar y debilitar las EPS, con el fin de que la reforma logre convencer a escépticos. Si bien ha habido pronunciamientos de algunos actores, muchos prefieren hablar del tema en privado por miedo a posibles represalias y medidas injustificadas en su contra.
El gremio coincide en que todo comenzó con el nombramiento de Ulahy Beltrán, superintendente de Salud, por parte de la exministra Carolina Corcho. El médico cirujano tiene amplia experiencia en la rama administrativa del sector, pero ha sido cuestionado por investigaciones abiertas en la Contraloría por presuntos daños fiscales del Hospital Universitario Cari de Barranquilla y su cercanía con el clan Torres de la ciudad, contratistas con negocios en salud.
Sin embargo, la verdadera polémica estalló cuando la Superintendencia informó falsamente que las deudas de las EPS ascendían a 49,1 billones de pesos. Fue una declaración escandalosa para el gremio y Beltrán tuvo que rectificar, aceptando que el monto verdadero era de 23,3 billones de pesos.
Para Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud, este fue el inicio de una administración que califica como “una vagabundería”.
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