Alentadora resultó ser la providencia de la Corte Constitucional que aclaró los alcances de la regulación que había hecho en 2017 para el uso del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos.
Con esta aclaración quedó la puerta abierta para que el Gobierno Nacional vuelva a recurrir a las fumigaciones aéreas.
Como lo había expresado en una columna anterior, la prohibición del herbicida favoreció notablemente a las bandas dedicadas al tráfico de drogas, incrementando las hectáreas sembradas con coca y la producción de cocaína, que en solo un año pasó de 1.055 a 1.380 toneladas.
La Corte reiteró que el Ejecutivo debe cumplir unas condiciones previas a la reanudación de las fumigaciones, pero aclaró que la investigación científica exigida para comprobar los peligros del glifosato, “no equivale a demostrar que existe certeza absoluta sobre la ausencia del daño”, flexibilizando las exigencias.
Quedó en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes la decisión final sobre su uso, ponderando entre los riesgos del químico y la solución que tiene que darse al problema de las drogas ilícitas.
No existen estudios científicos exactos sobre la posible incidencia del herbicida en células cancerígenas, por el contrario, está demostrado que la aspersión aérea es la herramienta más idónea para destruir los cultivos de coca.
No quiere decir esto que se prescinda de la valiosa labor de sustitución que están haciendo los campesinos comprometidos con legalizar sus cosechas, todas las modalidades utilizadas para acabar con los cultivos son válidas.
De hecho la erradicación voluntaria debe ser prioridad, pero en aquellas regiones donde se hace imposible llegar con brigadas que destruyan las plantas, habrá que eliminarlas desde el aire.
