
Entre los investigados se encuentra Alberto Escolar, director de la CRA Atlántico. La indagación disciplinaria obedece a presuntas irregularidades del subregistro de estadísticas sobre tala ilegal.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria a 19 directores de Corporaciones Autónomas Regionales del país, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y del Departamento Administrativo del Medio Ambiente (Dagma) por presuntas irregularidades relacionadas con el subregistro de estadísticas sobre tala ilegal y volúmenes de madera en el mercado del país.
La medida disciplinaria cobija a Alberto Escolar, director de la Corporación Regional Autónoma del Atlántico y a otros 18 directores de esta entidad. Así como también al director de la Anla, Rodrigo Suárez Castaño y a la directora del Dagma, Claudia María Buitrago.
El Ministerio Público busca establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con el registro de información de salvo conductos únicos nacionales en línea y en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales entre 2018 y 2019.
Según el ente de control, al parecer los registros habrían sido duplicados o cargados más de una vez, con el fin de ser utilizados para legalizar madera talada ilegalmente a nivel nacional.
“El ente de control decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Los funcionarios podrán ser escuchados en versión libre, si así lo solicitan”, explicó la Procuraduría.