La Procuraduría General de la Nación por poder preferente asume el proceso disciplinario que adelanta el Comando de las Fuerzas Militares por presuntos seguimientos por parte de miembros del Ejército a periodistas, políticos, ONG y sindicalistas, que fueron denunciados por la revista Semana en su más reciente número.
Por orden del Procurador General, Fernando Carrillo, se designa funcionario especial para que evalúe los hechos, que, de acuerdo con información entregada a la opinión pública por parte del Ministro de Defensa, habría dado lugar a que fueran retirados del servicio activo 11 oficiales.
Este proceso se suma a la indagación que inició en enero el Ministerio Público contra miembros del Ejército Nacional por establecer, por los hechos derivados de la diligencia de allanamiento y registro realizada el 18 de diciembre de 2019 en las instalaciones del Cantón Militar Miguel Antonio Caro – Batallón de Ciberdefensa, en Facatativá – Cundinamarca, en el que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, en su condición de policía judicial disciplinaria, recolecta informació.
La Procuraduría inicia la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento presuntamente irregular y el perjuicio causado a la administración pública.
