Por: J. J. Rubiano
Una nueva modalidad para evadir la responsabilidad de los hechos de corrupción –que casi a diario se destapan en el país- se puso en marcha por el gobierno nacional y desde la misma Casa de Nariño, sede del gobierno, y es la de afirmar ante la evidencia demostrada de un acto, el hecho de “haber sido asaltados en su buena fe”.
Ni vergüenza les da a los miembros del gobierno, muy cercanos al presidente Duque, salir ante los medios de comunicación, reconocer un acto indolente de corrupción, pero excusarse del hecho afirmando que no conocían el actuar del funcionario implicado con el cual –paradójicamente- tenían que hablar a diario y conocían sus movimientos.
Ese cuentico no se lo come nadie ya y menos si esa explicación viene del gobierno de Duque en donde ya se reconoce que sobrepaso los límites de los niveles de corrupción en nuestro país.
Desde hace más de dos años se conocía y era de público conocimiento del poder que ostentaba la jefa de gabinete María Paula Correa, de quien se decía que era la persona que le hablaba al oído al presidente Duque y que quizás y ante la incompetencia del mandatario, sería quien en realidad tomaba las decisiones del gobierno.
Nadie cree y es materialmente casi que imposible dar credibilidad a las declaraciones de los funcionarios del gobierno que señalan haber sido asaltados en su “buena fe” y son más bien consideradas como una “salida fácil” para evadir la responsabilidad de unos hechos tan evidentes de corrupción.
Y es que el asesor de la jefa de gabinete implicado junto con su esposa en el hecho de haber obtenido contratos por más de mil doscientos millones de pesos, en menos de doce meses a favor de su consorte, hubiese logrado ese favorecimiento, sin que su jefe se hubiera enterado del mismo máxime si se tienen en cuenta que a diario y de manera permanente tenían que dialogar sobre “asuntos de gobierno” con su jefa.
Ahora bien, si la funcionaria no conocía del andar de suasesor, -algo que nadie cree- de todas maneras, le cabe la responsabilidad administrativa del hecho por la falta de vigilancia sobre uno de sus contratados.
Pero no acababa de reventar este escándalo evidente de corrupción al interior de la misma sede del gobierno, cuando se conoció otro de similares proporciones y donde se encuentra involucrado el jefe de la oficina jurídica de palacio y su esposa.
En este caso y bajo el mismo “modus operandi”, la esposa del funcionario logro hacerse a contratos por valor de más de mil millones de pesos en diferentes entidades del Estado. Hay que decir que en este caso la esposa del funcionario tenía varios contratos antes que su esposo llegará a esa posición en la casa de Nariño, sin embargo, hay algo que se llama ética y que parece no lo conocen los funcionarios públicos.
En cualquier país que se precie de ser democrático un hecho de tanta relevancia como los señalados, hubiese desembocado ya en la renuncia de los funcionarios de primera línea implicados en el hecho, pero no aquí en Colombia en donde la democracia es una palabra más del léxico coloquial, pues lo que de verdad somos es una dictadura de gobierno.
Aquí la Procuraduría como agente disciplinario de la administración pública debería haber abierto ya una investigación, pero no lo ha hecho y muy seguramente no lo hará y todos sabemos el porqué.
En conclusión, aquí no va pasar nada y quedara reseñado como un hecho más de corrupción del gobierno de turno.
