Tremendo debate se ha armado en el país por la presencia en el Congreso del ex guerrillero de las Farc Jesús Santrich, de quien consideran –como yo- que su presencia allí deslegitima la poca dignidad que le queda a esa corporación, de la cual muchos o mejor millones de colombianos no tiene el mejor concepto por razones ampliamente conocidas y que no vienen al caso.
La verdad yo no estoy de acuerdo con su presencia, pero ese es el sapo que nos tenemos que tragar y el precio que tenemos que pagar por lograr la reconciliación y la paz en nuestro país luego de un conflicto de más de cincuenta años.
A Santrich lo dejaron libre porque las pruebas de un eventual posible delito de narcotráfico cometido luego de la firma de los acuerdos, no fueron contundentes y si no fue condenado, pues como todo colombiano tiene derecho a ocupar la curul que hoy ocupa, simplemente es “sospechoso” de un delito que no se le ha comprobado.
Pero rasgarse la vestiduras con la doble moral que ha caracterizado a este país desde el Congreso en los últimos treinta años, la verdad no tiene ningún sentido.
Si por su prontuario se rechaza a Santrich –ojo que no lo estoy defendiendo- también deberíamos pedir que tampoco se permitiera la presencia en el recinto del poder legislativo del ex presidente y hoy senador Uribe, pues en su contra existen muchas denuncias sobre “sospechas” de estar inmerso en varios delitos desde hace muchos años.
No es un secreto y lo saben los colombianos, que desde sus inicios en la vida pública y como director de la Aeronáutica Civil, fue Uribe quien autorizó muchas operaciones que permitieron el auge del narcotráfico en Colombia.
A la fecha el ex presidente y hoy senador tiene procesos en los que se le investiga por paramilitarismo, relaciones con el narcotráfico y la intelectualidad en la ejecución de sonados crímenes que conmovieron a los colombianos.
Pero no solo son estos dos personajes los “sospechosos” de cometer delitos los que están sentados en el palacio del legislativo nacional. Por el contrario allí hay varios supuestos “padres de la patria”, que son sospechosos de cometer varios delitos, que por la lentitud de la justicia o bien porque contratan abogados especialistas en dilatar y dilatar a fin que sus delitos prescriban, conservan su silla y se ganan más de treinta millones de pesos mensuales que salen del bolsillo de los colombianos.
Esa es nuestra justicia y por eso, aunque muchos sepamos por las pruebas que son responsables de lo que se les sindica, parece ser que estamos condenados a nunca verlos pagar por sus delitos.
Ahora bien, y en el tema central que nos ocupa, ambos – Santrich y Uribe- tienen derecho a la curul que ocupan, pues simplemente son “sospechosos” de los delitos que se les acusa, así todos sepamos que la verdad es otra.
Lamentablemente esa es la democracia y la justicia de Colombia.
*Consultor y Asesor político, Comunicaciones
Y Organización de Procesos Electorales
