Mucha molestia causó en los gremios camioneros del país que el Gobierno nacional haya decidido establecer un aumento en el galón del Acpm (diésel) de 57 pesos a partir del 1 de enero, cuando se había acordado de que habría aumentos a partir de junio de este año. Por tanto, el Ministerio de Transporte salió al paso y anunció que está listo para sostener las reuniones necesarias con los gremios del sector transportador y de carga para demostrarles la realidad del costo del combustible que siempre les generará beneficios.
Mediante un comunicado la cartera aclaró que el precio que rige a partir del 1 de enero en el diésel no constituye una modificación de la estructura tarifaria de este combustible, ni el desmonte de ningún subsidio, ni cambio en la metodología para el cálculo del precio. “El cambio del costo por galón en el diésel obedece exclusivamente a la aplicación de la actualización anual de algunos parámetros en la estructura del precio por el efecto de la Inflación del año 2022″, anotó.
Por medio de redes sociales, el ministerio también anotó que en las reuniones entre el Gobierno y el gremio de taxistas se atendieron inquietudes y necesidades y se prometió que, ante el incremento de los precios de la gasolina, se bajaría el del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), lo cual se cumplió y sirvió de espacio clave de construcción colectiva para el sector. “Avanzamos de manera conjunta en más soluciones que favorezcan a las y los colombianos. Estamos comprometidos con el sector. En el Gobierno escuchamos a todos los actores para construir la Paz Total”, detallaron desde la cartera de Transporte.
Como era de esperarse, luego de dicho aumento los gremios camioneros pusieron el grito en el cielo y criticaron que a estos, con el Decreto 2497 de diciembre de 2022, con el cual se incorporó la adquisición del Soat con el 50 % de descuento, el sector de transporte de carga pesada no fue incluido, entre otros argumentos, porque el Acpm no aumentaría de precio hasta junio de 2023 y dejándose de lado, eso sí, que en el sector la evasión de presentarse es mínima y esto debido a la elevada reglamentación que les exige como condición sine qua non la póliza Soat para la operación de los camiones.
“Incuestionablemente, el aumento del precio del diésel y la no posibilidad de haber accedido el gremio a ningún tipo de descuento en la adquisición del Soat es un fuerte golpe a la estructura de los costos de operación de la flota y por supuesto ello va en detrimento directo de los intereses económicos de todos los colombianos, pues son los consumidores quienes verán afectado su ingreso. Esto debido al necesario aumento en los costos de transporte, provocado no solo por el incremento en el precio del combustible, sino por el aumento en los costos de los peajes”, explicó la Federación de Empresarios de Transporte de Carga (Fedetranscarga).
Agregando que, esto último aún no está clarificado por el Gobierno Nacional en cuanto los montos de aumento de tarifas y si esto se va a dar en la totalidad de las casetas que están distribuidas a lo largo y ancho del país. “Con fundamento en lo expuesto solicitamos al Gobierno nacional se modifique el Decreto 2497 de diciembre de 2022 y permita al sector de transporte de carga pesada acceder al descuento del 50 % en la adquisición del Soat y de igual manera honrar el compromiso celebrado con el sector el pasado 5 de octubre de 2022 y no aumentar hasta junio del presente año el precio del Acpm (diésel)”, subrayó la entidad.
La presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga Terrestre (Colfecar), Nidia Hernández, a su vez dijo que la preocupación del sector es muy grande, pues con el precio de la gasolina se impactará todo lo que es el transporte, puesto que se tenía la promesa del presidente Gustavo Petro de no incrementar el precio hasta mediados de este año. Finalmente, expuso que un tema que les causa más preocupación son los peajes administrados por la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), porque es normal que los precios se incrementen muy por encima de la inflación, debido a que dependen de los contratos firmados por el Gobierno.
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