Una vez más, el circo de mercaderes de versiones al mejor postor se toma de nuevo el escenario de los estrados judiciales, orquestado desde bambalinas por los postores interesados en destruir a sus enemigos políticos con tan vil estrategia.
Es una justicia espectáculo, porque hoy la víctima no es un ciudadano del común, sino el expresidente Álvaro Uribe. Tampoco es un proceso más, sino uno político y mediático; un proceso que va por Uribe, pero con el objetivo oculto de quebrar la gobernabilidad del gobierno Duque.
Así lo indican la filtración anticipada del llamado a indagatoria y la “oportunidad” del llamado oficial, dos días después de su posesión como senador y pocos días antes del relevo gubernamental, dejando la sensación de que habría medida de aseguramiento para cuando Iván Duque se terciara la banda presidencial. Todo cambió, sin embargo, gracias a la posición monolítica del Centro Democrático, a su pedagogía para mostrarle a la opinión la truculencia del proceso, y a los millones de colombianos que no albergamos duda alguna sobre el proceder de Álvaro Uribe.
Es aterrador el arsenal de artimañas que se han develado, desde que el senador Cepeda torció a su favor la justicia, apelando a testigos que surgen oportunamente, a retractaciones retrecheras y contradicciones de bulto, filtraciones e interpretaciones acomodaticias replicadas por los medios.
La estrategia quiso ser demoledora. Si Uribe no renuncia, pretende abusar de su posición en el Senado: sí renuncia, busca eludir la acción de la Corte.
Si recusa a los magistrados, está atacando a la Corte y busca dilatar su proceso; sí acepta dócilmente las irregularidades del proceso, está aceptando su culpabilidad.
Si un testigo declara o se retracta contra Uribe, su testimonio es prueba y se filtra a la opinión; si declara o se retracta a su favor, está siendo manipulado y los documentos se engavetan o se rechazan sumariamente.
Si Cepeda visita una cárcel, es visita humanitaria. Si un abogado de Uribe lo hace, está comprando testigos.
Las trampas evidentes y las grabaciones ilegales en la cárcel no son siquiera cuestionadas y, por el contrario, el engañado se convierte en tramposo ante la opinión pública.
Por eso acompañamos la exigencia del expresidente a la justicia. Si se han filtrado selectivamente documentos, videos y grabaciones, pues que el país los vea y escuche todos, porque la opinión pública tiene derecho a no quedarse solamente con lo que los enemigos de Uribe quieren que conozca.