En . Lo inusual en este caso es que tales positivos no eran integrantes de los innumerables grupos delictivos organizados que amenazan al Estado y a nosotros sus ciudadanos. En este caso tales blancos eran precisamente las personas que dirigen nuestras instituciones civiles, lo más destacado de la sociedad colombiana y nuestros representantes en los órganos de administración: magistrados de las altas cortes, periodistas, congresistas, gobernadores, etc.
Como si no fuera poco el padecimiento de males sociales de inveterada tradición y la zozobra de estos tiempos por cuenta de la cruenta e incontrolable ola de asesinatos de líderes sociales, de la inseguridad creciente en las calles, de los escándalos de corrupción multibillonarios, del recorte de los derechos pensionales, del aumento de las imposiciones tributarias a quienes menos ganan, y de un largo etcétera, ahora algunos miembros del Ejército se suman a este desfile maquiavélico no sólo por cuenta de su responsabilidad en miles de asesinatos a civiles, sino a raíz de esta nueva práctica de chuzadas y hostigamiento contra líderes de opinión, políticos e integrantes mismos del Estado que se supone deben proteger.
La gravedad del asunto no puede ser matizada con la expresión -vieja confiable- emitida por el presidente de la República que reduce el escándalo a “manzanas podridas”. No es de sorprender de este Gobierno el pretender esconder, bajo un lenguaje desconectado de la realidad o desviando la atención, actos inaceptables a la luz de un estado de derecho. Al fin al cabo se trata del mismo Gobierno que bombardeó a una decena (o a una veintena) de niños reclutados forzosamente, quienes no le merecieron ni la más disimulada de las condolencias para sus familias.
La prueba de que no se trata de hechos aislados, decididos autónomamente por mandos medios del Ejército Nacional, sino que es un movimiento de persecución política impulsado por la actual jefatura de Gobierno, puede hallarse en las denuncias que sobre estas chuzadas presentaron hace seis meses algunos parlamentarios, y la cual fue archivada por la Fiscalía. También en el hecho de que todas las víctimas hacen parte de la oposición política, del periodismo independiente y de las salas de instrucción judicial, que investigan al jefe natural del partido de Gobierno y a la misma administración. Y por último en el hecho de que tales actividades eran de conocimiento del nivel central del ejecutivo, dado que se presentan justo cuando asume el nuevo Gobierno, quien propició la salida de su comandante del Ejército Nacional pero sin la decisión de auscultar todo el engranaje que sustentó la gran operación de chuzadas, sino fuera por las alarmas prendidas desde la opinión pública.