Las autoridades de Medellín y Bogotá se han visto precisados este mes a decretar la alerta por los niveles críticos de contaminación del medioambiente, que ponen en riesgo la salud de sus moradores, disponiendo el pico y placa ambiental. Y no es para menos, pues la Resolución 2254 de 2017, que regula la calidad del aire, establece que cuando la concentración de material particulado 2.5 sobrepase los 55 microgramos por metro cuadrado (ug/M3) se debe decretar la alerta amarilla. Y ambas capitales, una vez más, se han pasado de la raya.
El Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez dijo que las medidas que restringen el tránsito automotor se propone “evitar una contingencia en la calidad del aire que llegue a niveles críticos”. Por su parte el Alcalde Enrique Peñalosa adujo una contaminación “anormal” del medio ambiente, debido a la “concentración atípica de material particulado”. Esto está pasando de castaño a oscuro. Al fin y al cabo, Medellín y Bogotá son la 1ª y la 2ª más contaminadas del país, 9ª y 10ª de Latinoamérica.
La contaminación del medioambiente en Colombia es grave y tiene sus consecuencias. Según reciente estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud 17.549 personas mueren al año por factores de riesgo ambiental como el aire. Estamos hablando del 5% del total de defunciones en Colombia. Esto es una barbaridad, como lo son las escalofriantes cifras que arrojó para Medellín un estudio reciente del médico Elkin Martínez. Allí fallecen 3.000 personas en promedio cada año por enfermedades relacionadas con la polución ambienta. Dicho de otra manera, 8 personas mueren diariamente y 3 de ellas cada hora por esta causa. Y ello ocurre en un país en el que la salud, según la Ley 1751 de 2015 es un derecho fundamental (¡!).
Se sabe y se reconoce que, por lo menos en Bogotá, el 57% del material particulado provienen de las fuentes móviles. No obstante, el Alcalde Peñalosa practica el acto de contrición tomando medidas como esta para mitigar la contaminación, pero no asume el propósito de enmienda, porque no de otra manera se puede interpretar la reciente licitación para renovar la flota de Transmilenio.
Y en el caso de Medellín, el propio Alcalde Gutiérrez da cuenta de que el 80% del smog que nubla al valle de Aburrá se origina en la combustión de los motores. Por esta razón demandó de ECOPETROL una mejor calidad del combustible y lo ha logrado. En efecto, ECOPETROL, viene de hacer un gran esfuerzo para mejorar la calidad de los combustibles que refina, suministrándole diésel hasta de 15 ppm. Esta medida era necesaria pero no suficiente.
De no haber sido por la mezcla de los biocombustibles, 10% de etanol con la gasolina y 10% de aceite con el diésel, la emergencia ambiental en estas dos capitales y en las demás sería más dramática, pues gracias a la misma al oxigenar el combustible se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y de material particulado que envenenan la atmósfera. Gracias a los biocombustibles se están reduciendo 2.5 millones de toneladas anuales de GEI, valiosa contribución esta para el cumplimiento del compromiso de Colombia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de reducir sus emisiones en un 20% hacia el 2030. Por ello no se entiende la reticencia del Gobierno Nacional para aumentar el porcentaje de la mezcla sabiendo que si lo hace se reducen en la misma proporción tales emisiones.
No obstante, se cuestionan medidas como estas con falacias que no consultan para nada la realidad. Se compara, por ejemplo el precio del etanol y el aceite, que hay que cultivarlo, cosecharlo y procesarlo, con el precio de la gasolina y el diesel, que son derivados del petróleo, que sólo hay que extraerlo, para concluir que es demasiado alto su precio relativo, sin considerar además el beneficio que reporta al fisco al reducir las emisiones y, en consecuencia, el costoso número de enfermos y defunciones por cuenta de la contaminación ambiental.
Se compara, también, el precio interno del etanol y el aceite con un supuesto precio “internacional” que no existe. Es más, si se compara, en gracia de discusión el precio interno con el precio del etanol importado desde EEUU, que ha venido invadiendo el mercado nacional, se pasa por alto el hecho de que este último es objeto de 31 subsidios, valorados en US $6.409 millones. Dichos subsidios entre 2010 y 2015 se cifraron en US $50.000 millones (¡!). Y, como si lo anterior fuera poco, se ha podido establecer que el precio de exportación de etanol producido en EEUU se subvalora entre un 20% y el 31%. Hemos estado expuestos, entonces, a prácticas de dumpìng por parte de los productores de etanol de EEUU, perjudicando la producción nacional del mismo.
Bien dijo Einstein, que tenía por qué saberlo, que “el mundo no será destruido por los que hacen el mal sino por aquellos que lo miran sin hacer nada” y, lo que es peor, añadiríamos nosotros, será destruido también por aquellos que no hacen ni dejan hacer, o, mejor dicho, ni rajan ni prestan el hacha!
