
Desde políticos que se aliaron con grupos paramilitares, como David Char y Álvaro Ashton, hasta los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt, que dieron prebendas a cambio de votos por la segunda reelección de Álvaro Uribe en el caso de la ‘Yidispolítica’, figuran en una lista de 168 nombres de terceros civiles que han pedido acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que fueron agrupados por esa justicia para priorizar la investigación y toma de decisiones en sus casos.
Así lo resolvió la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que tiene en sus manos las solicitudes voluntarias de 916 personas que fueron investigadas o condenadas por vínculos con grupos armados al margen de la ley o con hechos delictivos en el conflicto.
En su estudio de las solicitudes, y con el objetivo de agilizar un trabajo que califica como “complejo” –pues además de esos casos también tiene en sus manos el sometimiento de los agentes de la Fuerza Pública–, la Sala identificó seis estructuras y patrones de criminalidad a los que podrían estar vinculados esos civiles.
En primer lugar, las Autodefensas Unidas de Colombia, entre las cuales identificó al menos 12 unidades militares. En total, estas recogen a por lo menos 87 personas, desde financiadores hasta ‘parapolíticos’, entre las que se encuentran políticos que ya fueron aceptados como Ashton, Musa Besaile y el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez.
Otra categoría, llamada ‘otros políticos’, recoge a Pretelt y Palacio.
En la tercera entran los civiles que habrían participado de la comisión de ejecuciones extrajudiciales, entre ellos reclutadores e informantes que ayudaron a seleccionar las víctimas de los ‘falsos positivos’.
En otro grupo entran quienes fueron agentes del extinto DAS. Allí están el exdirector Miguel Maza Márquez, por sus vínculos con paramilitares del Magdalena Medio, y el exsubdirector José Miguel Narváez, condenado por el asesinato del periodista Jaime Garzón. Son en total 19 los exagentes del DAS cuyas solicitudes son estudiadas por la JEP.
Por vínculos con las Farc piden su sometimiento 10 personas. Entre ellas figura Norberto Mora Urrea, señalado de ser testaferro del antiguo bloque Oriental de ese grupo.
Y, finalmente, otros 27 terceros y agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública de quienes se estudia todavía con cuál patrón de criminalidad se podrían vincular.
Además de evitar congestionar los despachos de los magistrados, esta decisión se toma con el propósito de estudiar las solicitudes en contexto. Es decir, para contribuir a que los aportes de verdad que estos ofrecen a cambio de obtener beneficios penales se enmarquen en objetivos como develar los planes criminal con los cuales funcionaron.
Por ello, además de agruparlos, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidió crear en su interior tres subsalas, con cuatro magistrados cada una.
La primera conocerá las solicitudes de quienes estuvieron relacionados con el bloque Norte de los paramilitares; la segunda, las de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá –que además es de interés en el caso 04 sobre la situación territorial de Urabá–, que fue una de las estructuras centrales del proyecto paramilitar, y la tercera se encargará de la intervención de civiles en los ‘falsos positivos’, que también son investigados en el caso 03 de la JEP, sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares.
Entre los bloques que se priorizarán en las dos primeras subsalas se suman 27 personas: 14 vinculadas con el accionar del bloque Norte y 13 más con el de Córdoba y Urabá.
Otras estructuras paramilitares con las cuales tendrían relación algunos terceros que piden entrar a la JEP son el bloque Héroes de los Montes de María (nueve personas, entre ellas los exgobernadores de Sucre Salvador Arana y Miguel Nule Amín), las Autodefensas Campesinas del Casanare (8 personas), el bloque Central Bolívar (5), los bloques Metro y Héroes de Granada (3), el bloque Catatumbo (2), el Calima (2), el ‘Élmer Cárdenas’ (2), el Centauros (2), el Vencedores de Arauca (1), el Cacique Pipintá (1) y otros (25).