La ocupación de predios aumentó en plena pandemia y aunque hay órdenes para desalojo, estas no pueden ejecutarse sino cuando esté caracterizada la población.
Sincelejo, la capital sucreña, no es ajena a la problemática de invasiones, por lo que las autoridades han identificado varios de estos asentamientos en diferentes zonas del municipio.
Aunque la problemática de la falta de vivienda es de vieja data no solo en Sucre, sino en todo el país, en donde cada día se incrementan estos asentamientos ilegales, en Sincelejo, algunas de estas invasiones son recientes, proliferaron en plena pandemia de COVID-19 hace dos años aproximadamente.
Los propietarios de predios ubicados en zonas periféricas de Sincelejo han instaurado las denuncias ante las inspecciones de Policía que tienen la competencia en el municipio.
“Al día de hoy existen ya fallos en donde se ordena el desalojo definitivo de esos predios invadidos por personas que no tienen titularidad sobre estos”, manifestó a El Universal, Mario Yeneris Anaya, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Sincelejo.
Pese a que hay procesos administrativos para que se cumpla el desalojo, una sentencia de la Corte Constitucional del año 2021, determina que para ejecutar las órdenes, deben primero realizar una caracterización a cada una de las invasiones e identificar las poblaciones vulnerables que gozan de especial protección como: discapacitados, madres cabeza de familias, desplazados, entre otros.
Lo anterior, ha implicado que todavía en Sincelejo no puedan hacerse efectiva las órdenes de desalojo que están listas.
A través de las secretarías de Gobierno y de Desarrollo Económico adelantan ya un proceso de caracterización en 4 de las invasiones existentes en Sincelejo, estas son: Quinta de Benítez, en donde hay 841 familias; Brisas del sur de Chochó, 313 familias; Villa Bustamente, 151 familias, y la 13 de Agosto, que está por establecer el número de familias.
“Seguimos realizando la labor, queremos llegar al 100% de las invasiones que hay en el municipio, las que están ubicadas en zonas periféricas, para identificar que oferta institucional puede brindar la Administración”, aseveró.
Una vez hecha las caracterizaciones se desarrollarán mesas de trabajo con participación de las instituciones que están inmersas en los procesos desalojo, para coordinar la ruta a seguir tanto por la fuerza pública, garantía de Derechos Humanos y propietarios.
La situación de los invasores.
En algunos casos ya los ocupantes tienen levantados sus cambuches y viven allí, tanto adultos, jóvenes y niños. De otro lado, hay predios divididos en lotes, pero sin personas habitando.
Aunque se habla de que algunos invasores tienen esta actividad como negocio y ceden predios de unas personas a otras, las autoridades no han podido identificar específicamente esta situación y no hay ninguna denuncia de tipo legal.
En tanto, familias que viven en los predios ocupados ilegalmente manifiestan que esperan se les resuelva su situación y que lo que buscan es una vivienda digna, porque hasta ahora no cuentan con ayudas del Estado.
Indican que antes de desalojarlos deben tener una solución y brindarles garantías para poder seguir adelante.
Discussion about this post