Más del 70% de los colombianos vive en las ciudades, aterrados por la inseguridad, mientras las autoridades defienden cifras que no son consuelo para la madre del joven asesinado por robarle la cicla.
Los candidatos, que no parecen entender el problema, le sacan el cuerpo a la inseguridad urbana, una suma de males que se resume en la debilidad de un Gobierno que arrastró la desarticulación del Estado para enfrentar el delito.
1.- Microtráfico. La disputa por su control y el aumento del consumo explican gran parte de la violencia urbana, pero subsiste el absurdo de “la dosis mínima”, legal de acuerdo con las necesidades del consumidor, según la Corte, aunque deba “caer del cielo” porque es ilegal su compraventa.
2.- Narcoterrorismo. La violencia del ELN, de las “disidencias” y de las bandas criminales, incluidos los carteles mexicanos, son fenómenos que generan inseguridad y surten al microtráfico. Santos, extorsionado por sus vecinos socialistas, suspendió la fumigación y se perdieron 15 años de esfuerzos. De 46.000 hectáreas pasamos a 200.000 y volvimos al primer lugar en producción mundial de coca, mientras el Gobierno incentiva el narcotráfico con la conexidad con el delito político y la pretensión de legalizar cultivos.
3.- Migración venezolana. El Gobierno no se preparó para esa migración anunciada, chantajeado por Chávez y Maduro, socios garantes de la negociación con las Farc. Hoy Santos habla duro, pero es tarde. Miles de colombianos repatriados y de venezolanos cruzan a diario la frontera sin mayor control. No se trata de estigmatizarlos ni de cerrarles las puertas, pero el fenómeno hace parte del cuadro de inseguridad en Cúcuta y otras ciudades.
4.- Tráfico de armas. La fundación venezolana Redes estableció un faltante de un millón en 30 guarniciones fronterizas, que han ido a parar al ELN y las disidencias con la bendición de la cúpula militar de Maduro, mientras el país llora a los policías de Barranquilla, el Gobierno cede ante el ELN y las Farc se estrenan impunes en política.
5.- Desplazamiento. La recuperación del campo es una promesa y se perdieron ocho años en seguridad. Tras la firma del Acuerdo, el terrorismo, la extorsión, el despojo, la minería ilegal y el narcotráfico siguen desplazando campesinos hacia las ciudades, huyendo de la violencia y en busca de oportunidades.
6.- Justicia. Los jueces sueltan delincuentes; los alcaldes acusan a los jueces; los magistrados los defienden y acusan a la Fiscalía y la Policía; la detención domiciliaria es una farsa y el sistema carcelario colapsó. Los delincuentes se ríen de la justicia, los ciudadanos no creen en ella y el ministro confiesa que “la política criminal es desastrosa”.
Es la suma de todos los males, que acorrala a la ciudadanía y solo parece preocupar a los candidatos del Centro Democrático.