Por primera vez las CAR de La Mojana rindieron un informe sobre los hallazgos en cada uno de sus territorios
Dentro de los compromisos trazados en anteriores mesas de trabajo, la Gobernación de Bolívar había fijado una reunión donde se tomarían acciones para proteger a los municipios de La Mojana de las afectaciones provocadas por Hidroituango. Para ello se llevó a cabo en La Casa de La Moneda en Cartagena, una cumbre ambiental para evaluar los daños que generó el proyecto.
Lo cierto es que el proyecto hidroeléctrico de Ituango Hidroituango llegó para quedarse y sigue representando un riesgo para la comunidad aguas abajo de la represa, por eso los gobernadores de Bolívar, Dumek Turbay Paz; de Sucre, Édgar Martínez; y de Antioquia, Luis Pérez, así como representantes de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) que tienen incidencia en La Mojana como la CSB, Corpomojana, Carsucre, Cardique, Corantioquia y CVS se reunieron y definieron una ruta para enfrentar las afectaciones que el proyecto ha ocasionado y que podría seguir causando en La Mojana.
“Es una realidad el daño ambiental generado por la hidroeléctrica a raíz del cierre de las compuertas, por eso la idea es evaluar las afectaciones en cada uno de los territorio y crear un documento que anexaremos como soporte a la acción popular presentada por la Procuraduría”, explicó Turbay Paz. Quien también recordó que muchas son las quejas y afectaciones económicas y ambientales, provocadas por el proyecto Hidroituango, debido a la insuficiente contingencia y socialización con las comunidades, entre las cuales se encuentra La Mojana, en donde la hidroeléctrica, al parecer, ha tenido un impacto negativo. Primero fueron las inundaciones, ahora la sequía, amenazando no solo la fauna sino la estabilidad económica y el bienestar de las familias.
Hablan las CARS
Por primera vez las CAR de La Mojana rindieron un informe sobre los hallazgos en cada uno de sus territorios. Álvaro Echeverría Ángel, Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Regional Autónoma del sur de Bolívar CSB, aseveró que “una sola acción que se haga en Hidroituango se siente drásticamente en la región de La Mojana”. Para esto tomó como ejemplo el análisis hecho con el cierre de las compuertas. “Con el primer cierre y el que más nos afectó, el caudal bajó 80 centímetros en 3 días, con la segunda compuerta cerrada disminuyó 22 cm más”. Echeverría se refirió al plan hecho por EPM, que fue la puesta en marcha de las represas Porce II y III para la región de La Mojana, que fue insuficiente. “Nos minimizaron porque decían que había entrado en operación las represas Porce II y III, pero fue mínimo, no subió ni siquiera 10 cm, solo evitó que desapareciera la lámina de agua del caudal del río”.
Turbay Paz y Pérez solicitaron al Ministerio de Ambiente y a la ANLA que atiendan las peticiones hechas por la región de La Mojana ante las afectaciones causadas por el proyecto.
“Quien dirige la política y la guardia ambiental son ellos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el ANLA, quienes también deben dar la lucha frente a este proceso y la defensa de las comunidades es lo más importante. No sentimos el respaldo del Ministerio de Ambiente en una crisis ambiental que a toda luces es evidente, es necesario meter en cintura a la autoridad ambiental que tiene responsabilidad en todo esto”, puntualizó Turbay Paz.
A su turno Luis Pérez, gobernador de Antioquia, expresó que lo que se busca es continuar con el proceso que iniciaron en Magangué y mantener la unidad entre departamentos y alcaldías.
Acción popular
Atendiendo el llamado y clamor de las poblaciones de la zona de influencia de Hidroituango, en febrero, Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación presentó una acción popular, en la que eleva ante el Tribunal 16 peticiones entre las que se incluyen garantizar que no se seque nuevamente parte del río Cauca y proteger los intereses colectivos de estas comunidades.
En dicha acción la entidad reveló los hallazgos de su investigación por el daño ambiental provocado por la construcción de Hidroituango.
“A juicio de la Procuraduría, Hidroituango y EPM son solidariamente responsables de las afectaciones ambientales generadas en el área de influencia del proyecto”, señala la acción popular.
En el documento, el Ministerio Público reveló que con la construcción de la represa se omitieron controles. “Las anteriores contingencias nunca fueron controladas por las empresas demandadas; por el contrario, pusieron y siguen poniendo en grave riesgo a buena parte de la población”, señala el documento, agregando que los informes entregados por Hidroituango no detallan el estado de la obra.
“La información entregada por Hidroituango ha sido inexacta, contradictoria, extemporánea y poco veraz”, dice la Procuraduría.
Conclusiones de la cumbre ambiental
Las administraciones departamentales de Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia, de la mano con las CARS contratarán un estudio técnico especializado, bien sea hecho por una universidad o una entidad avalada por estos casos, para que se entregue un completo y unificado balance sobre los daños causados por Hidroituango.
Se solicitará un cambio en la legislación nacional para que, al igual que las poblaciones ubicadas río arriba, las que se encuentran río abajo también sean beneficiarias de las regalías provenientes del proyecto hidroeléctrico.
Se planteó la expedición por el río Cauca, con el fin de conocer un informe detallado de los cambios sufridos en su caudal antes y después del proyecto Hidroituango.
El próximo 1º de abril en Montería Córdoba, se llevará a cabo una reunión, donde se dará a conocer quién será el encargado de hacer el mencionado estudio.
