Se busca esclarecer las irregulares en la asignación de créditos blandos para productores del campo que terminaron en manos de grandes empresarios.
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que se ha adelantado verificación sobre 909 contratos relacionados con la pandemia por COVID-19.
El fiscal reveló que se adelantan investigaciones contra entidades del orden nacional por los programas de Ingreso Solidario y los subsidios al agro promovidos a través de Finagro.
Barbosa especificó que las indagaciones preliminares también avanzan contra un aforado que es el Ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea.
“Tenemos dos indagaciones preliminares abiertas de entidades nacionales: Departamento Nacional de Planeación y Finagro. Hay un aforado constitucional con noticia preliminar abierta y es el ministro de Agricultura”, Francisco Barbosa, fiscal general
La Fiscalía adelanta investigaciones a 41 funcionarios en municipios de Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Bolívar, Guajira, Nariño, Antioquia, Quindío y Santander.
Además de cuatro procesos investigativos ante la Unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia por tratarse de aforados constitucionales.
Estos últimos avanzan contra los gobernadores de Vichada, Arauca, San Andrés, Magdalena.
A su vez, la Procuraduría General, por el caso de los subsidios Ingreso Solidario, adelanta un proceso preventivo y otro disciplinario, en el que se evalúa si se presentaron irregularidades en la planeación y ejecución que hubieran podido causar un detrimento en el monto de las ayudas.
