La Fiscalía General llamó a indagatoria y vinculó formalmente al general Carlos Enrique Rodríguez González a la investigación por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido en agosto de 1989.
Rodríguez, quien se retiró de la Policía en el 2018, había sido escuchado por el ente acusador en calidad de testigo pero con esta nueva decisión se abre oficialmente un proceso penal en su contra.
La decisión de la Fiscalía de llamarlo a indagatoria se dio después de que la Procuraduría solicitó que lo vincularan al caso por el asesinato de Luis Carlos Galán.
En su momento, la versión libre que dio Rodríguez se basó en explicar cómo se dio el operativo que terminó con la captura de varias personas que inicialmente habían sido señaladas de estar detrás del magnicidio de Galán, pero sobre las que luego se comprobó que no tuvieron que ver con esos hechos.
Así, se indagó cómo la Policía obtuvo la información que llevó a las capturas de quienes no estaban relacionados con el caso.
Y es que según el proceso que adelanta la Fiscalía, los hombres de la Dijín que capturaron a los cinco primeros señalados del crimen, cometido en la Plaza Principal de Soacha, estaban bajo el mando del entonces teniente Rodríguez. Los cinco hombres fueron detenidos en el centro de Bogotá, y luego resultaron absueltos.
Según la investigación del ente acusador, ese operativo de captura hizo parte de un plan de miembros de la Policía para desviar las investigaciones y así evitar que las autoridades llegaran de forma oportuna a los verdaderos responsables del asesinato de Galán.
En diciembre del año pasado, también por petición de la Procuraduría, la Fiscalía General revisó en segunda instancia la decisión de resolución de medida de aseguramiento contra los generales Argemiro Serna Arias y Óscar Eduardo Peláez Carmona y el cierre del caso al coronel (r) Gentil Vidal Sarría. Ellos han sido señalados de participar del plan para debilitar supuestamente la seguridad de Galán.
Por el asesinato de Galán fue condenado en el 2007 a 24 años de prisión el exsenador y exministro Alberto Santofimio Botero, el único político enjuiciado y condenado por este caso.
El magnicidio, según la investigación, fue perpetrado con el apoyo de agentes del Estado entre integrantes de la Policía y agentes del DAS, financiados con plata del narcotráfico.
