La OEA, surgida con Alberto Lleras en medio de la violencia bogotana de abril de 1948, casi como “hermana menor” de la ONU, y las dos paridas entre las esperanzas de la posguerra y las incertidumbres de la “Guerra fría” por el dominio político del mundo; esa OEA respetable vuelve por sus fueros, después de una “insulsa” y nefasta gestión entre 2005 y 2015.
Con Insulza, y con la indiferencia de los Estados Unidos de Obama, la OEA se eclipsó con la nueva institucionalidad continental bolivariana, pero sin Estados Unidos, sobre la base del odio al “imperialismo” y en favor del comunismo del Foro de Sao Paulo.
Nacieron el ALBA en 2004, UNASUR en 2008 y CELAC en 2010, y los países de la región cayeron en esa trampa disfrazada de integración, en parte por la presencia gris de la OEA, que llegó, inclusive, a respaldar las elecciones que mantuvieron a Chávez en el poder.
Desde 2015, con Almagro, la OEA recupera espacio frente al experimento bolivariano que se desmorona y empieza a asumir posiciones verticales hacia la dictadura venezolana, que confirma su 49º Asamblea General, con la presidencia de Colombia, al aceptar las credenciales de la delegación del gobierno Guaidó, con las esperadas réplicas de los amigos de Maduro y el retiro de la delegación uruguaya.
Y mientras la OEA vuelve por sus fueros, la imponente ONU sufre de gigantismo burocrático y mucha diplomacia “jet set”, que se deja ver en el rito anual de su Asamblea General y en la gestión de sus delegaciones nacionales.
Pero además, en el loable objetivo de los Derechos Humanos, se percibe una influencia “ideologizada”, evidente en sus posiciones frente a Venezuela y el “proceso de paz” en Colombia. Su más reciente expresión son las declaraciones de la Comisionada Bachelet, “preocupada” por las sanciones contra Maduro, las cuales rechazó, precisamente, el Secretario Almagro, afirmando que “le dan aire a un régimen oprobioso”.
Las reacciones de la ONU frente al gobierno Duque son del mismo talante. Calló mientras el país se inundaba de coca con Santos, pero su delegado, con argumentos de ocasión, cuestiona la aspersión aérea.
Mientras el gobierno Santos chamboneó en la implementación del Acuerdo y lo dejó sin recursos, el gobierno Duque muestra resultados. Pasó de 2 proyectos productivos colectivos a 24, y de cero individuales a 300; extendió apoyos financieros, tiene listas para entrega 500 parcelas, focalizó “obras por impuestos” hacia los PDET y entregó 400 obras.
Sin embargo, la ONU es ciega a estos logros y los “expertos” de la señora Bachelet, además de “instar” al Gobierno a cumplir el Acuerdo, como si no lo estuviera haciendo, se atreven a acusarlo de incitar a la violencia contra excombatientes, como si lo estuviera haciendo.
Como la OEA, la ONU también debe volver por sus fueros con independencia ideológica y política.
