Las recientes y reiteradas intimidaciones de las que han sido víctimas los habitantes del corregimiento El Salado (Bolívar) han enfrentado a la Defensoría y la Fiscalía en torno a la protección y seguridad de los amenazados.
El pasado miércoles, la Defensoría del Pueblo envío una carta al fiscal general Francisco Barbosa donde le pide “tomar medidas urgentes” para la protección de la población de la zona.
“Con base en mis funciones constitucionales y legales me permito solicitar respetuosamente la priorización y trabajo en contexto de las investigaciones que se vienen adelantando en el marco de múltiples amenazas, panfletos y mensajes en la población de El Salado”, señala la misiva.
Por lo tanto, el defensor Camargo solicitó “tomar medidas urgentes tendientes a la protección de la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de la comunidad de El Salado y adelantar con celeridad las investigaciones correspondientes para hallar a los responsables de estas amenazas que siembran el terror en esta población”.
La respuesta del titular de la Fiscalía no se hizo esperar, y en una carta remitida al defensor, Carlos Camargo, le recalcó los avances en las investigaciones que, hasta ahora, ha liderado en favor de los líderes de El Salado.
“Desde el año 2018 la defensora de derechos Yirley Velasco ha denunciado amenazas en su contra y su familia. Estos hechos se han repetido entre el 2019 y 2020, y por este delito la Fiscalía General de la Nación con el apoyo del grupo de trabajo nacional de investigación de amenazas tiene vinculadas a dos personas identificadas como responsables. Actualmente una de las personas se encuentra privada de la libertad y aceptó cargos por el delito de amenazas; la otra persona se encuentra acusada por el mismo delito y se está al espera de la audiencia de formulación de acusación”, detalló la Fiscalía.
El ente además le recordó que la función de la Defensoría “no es la de atribuirle responsabilidades y nuevas funciones constitucionales a la Fiscalía General de la Nación, institución que es parte de la Rama Judicial del poder público, y que no es la entidad encargada de tomar las medidas urgentes tendientes a la protección de la vid, la integridad y la seguridad y la libertad de las personas defensoras de derechos humanos en el corregimiento El Salado, salvo que sean testigos de los hechos que son materia de investigación”.
La Fiscalía “invitó” a que antes de remitir “este tipo de comunicación se informe del rol acusador de la Fiscalía y así podemos avanzar cada uno de tus propias competencias en la protección de los derechos humanos en nuestro país”.
