La precariedad laboral que viven hoy en día los periodistas independientes en Colombia, en especial en la Costa, en esta época de pandemia es crítica, por lo que muchos han tenido que cerrar los pequeños espacios radiales que tenían, debido a que ya no reciben pautas publicitarias, mientras que otros, con tal de seguir informando, han tenido que prestar dinero o conseguir de cualquier lugar, solo para continuar con su pasión periodística.
Para nadie es un secreto que muchos de estos periodista son radiales, quienes en su mayoría deben pagar un espacio para salir al aire, puesto que muchas de las emisoras que están en la costa han sido vendidas y los nuevos dueños les arriendan el espacio informativo.
“Muchos están siempre buscando pautas publicitarias para sus espacios radiales, puesto que con esto pueden pagar algo del arriendo y así tener para comer, pero en esta época de la pandemia, la situación es más crítica, ya que muchos se han quedado sin empleo y no tienen cómo hacer para conseguir alimento para sus familias”, dijo Ada Echenique, periodista y miembro de la Asociación de Periodistas de Bolívar.
En Cartagena y Magangué, son más de 150 los periodistas que se encuentran en estas condiciones, por lo que varios gremios de periodistas decidieron unirse a la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y después de plantear los puntos que más los aquejan como lo es; falta de publicidad, contratos por OPS, no tienen acceso a la seguridad social, entre otros, decidieron enviarle un pliego de peticiones al presidente Iván Duque, donde le piden mejorar las garantías de todos estos trabajadores, quienes no pasan por su mejor momento, sin embargo, son los que se exponen día a día para informar a la comunidad, más en estos tiempos de coronavirus.
“Con este pliego pedimos una solución de fondo para todos los periodistas independientes del país sobre todo los de provincia, quienes son los más afectados. Además, buscamos la visibilidad del Gobierno Nacional y demás autoridades correspondientes, quienes hasta la fecha no se han pronunciado al respecto”, dijo Adriana Hurtado, directora de la Federación Colombiana de Periodistas.
Hurtado indicó que lo que más ha afectado a estos periodistas es quedarse sin pauta publicitaria, por lo que han quedado desfinanciados.
“La mayoría de estos periodistas tienen que pagar para hacer su trabajo, lo que quiere decir que pagan por un espacio para ser escuchados. Estos espacios pueden ser en emisoras o canales de televisión regionales”, comentó.
Estos pagos que deben hacer estos periodistas son mensuales, pero como en esta pandemia las empresas privadas no están pautando, muchos de estos espacios han sido cerrados.
“Otro punto que debemos resaltar es que muchos de ellos no están afiliados a la seguridad social, porque como son independientes, en su mayoría el dinero no les alcanza para tener seguridad, sin embargo, se están exponiendo en las calles en esta pandemia, por lo que si se llegan a enfermar, ¿a dónde deberán ir?”, aseguró la directora de Fecolper.
Desde febrero y marzo de este año, la Federación hizo una caracterización de 850 periodistas, encontrando que el 28% no está afiliado al régimen contributivo de salud y hay otros que no cuentan tampoco con Sisben; el 37.4% pertenece al estrato socioeconómico 1 y 2; el 21.24% recibe menos de un salario mínimo mensualmente y el 41.58% viven en casa arrendada.
En un tercer lugar se encuentran las afectaciones de las que son víctimas estas personas, algunas veces, en redes sociales, cuando denuncian algún tipo de investigación o hecho que esté ocurriendo en la ciudad, según señaló Adriana, “Nos han expuesto que cuando denuncian casos de presunta corrupción o en este caso, cuando denuncian irregularidades en los mercados o ayudas que se están dando en las diferentes ciudades, son atacados y amenazados. Además de esto, nos han limitado el derecho a la información, puesto que ahora, algunas entidades solo envían comunicados, sin que tengamos el derecho de preguntar”.
El documento con los 10 puntos claves fue enviado al Gobierno Nacional a principios de mes y aunque ya pasaron 15 días, no han recibido respuesta alguna.
“Ya han hecho llamados de alerta el Ministerio Público, El Procurador General de la Nación, Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo con relación a este tema”, finalizó Hurtado.