Por: Omar Cuello Romero
Los últimos incidentes de escándalos de corrupción al interior de la familia Presidencial y que tienen en la cuerda floja al hermano e hijo del Jefe de Estado Gustavo Petro por actos indebidos en el manejo de la paz, da al traste con el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional que en las últimas horas señaló que no le temblará la mano para declarar inexequibles cuantas leyes no se ajusten a la norma de la máxima Carta magna de los colombianos.
Ello hace alusión a las leyes que se tramitan ante el parlamento con respecto a las reformas, especialmente en el sector salud.
Los fallos que emite el alto estrado de justicia de Colombia, como lo es la Corte Constitucional, significa que una norma, resolución, sentencia o un derecho, tiene efectos contra todos o respecto de todos. El fallo es un acto procesal, consistente en el pronunciamiento de un juez, magistrado o tribunal, en el cual se resuelven las pretensiones en un proceso.
Las leyes aprobadas por el Congreso de la República y luego sancionadas por el Presidente de Colombia, pueden ser declaradas inexequibles por error o procedimiento cometido en el Parlamento.
Este hecho, por ejemplo, se encuentra consignado en la Sentencia C-685 del 2011, en ella la Corte declaró inexequibles cinco leyes aprobadas por el Congreso en sus sesiones extraordinarias. Aunque no en un caso recurrente, el alto tribunal constitucional sigue invalidando leyes completas y artículos aislados, por vicios de forma.
Por errores que comete el Congreso en su trabajo legislativo, también se han caído reformas constitucionales, leyes aprobatorias de tratados internacionales y normas que convocan a referendos populares, entre otras acciones del Congreso.
En sus 20 años de existencia, la Corte ha estructurado toda una dogmática del procedimiento parlamentario. Por medio de autos y sentencias proferidas por demandas de inconstitucionalidad o por su trabajo de control judicial previo o automático sobre algunas normas especiales, este tribunal ha desarrollado doctrinariamente las abstractas normas constitucionales que garantizan la democracia en la expedición de leyes.
Esta dogmática ha generado que los ciudadanos estén cada vez más vigilantes sobre el trabajo de sus elegidos y demandan continuamente la inconstitucionalidad de las leyes, no sólo por razones de fondo, sino por errores en su trámite.
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