Al momento de escribir esta nota han sido asesinados seis candidatos en la contienda electoral que busca elegir gobernadores y alcaldes, así como, diputados y concejales en todo el país. Dos eran candidatos a alcaldes y cuatro a concejales. Las personas asesinadas pertenecen a diferentes partidos del espectro político nacional. Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, era avalada por el partido liberal; Hernando Orley García, candidato a la alcaldía de Toledo, Antioquia, era avalado por el Centro Democrático.
La ola de amenazas contra candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos crece como espuma. Amenazas que provienen de todas las vertientes delincuenciales que pretenden desestabilizar la institucionalidad democrática del país.
En el Huila, han sido amenazados por las “Águilas Negras” el candidato a la alcaldía de Neiva, Dilberto Trujillo, avalado por las fuerzas políticas alternativas, y, el candidato a la alcaldía del Hobo, Marco Tulio Peña, avalado por el partido UP-Colombia Humana, así como candidatos a Concejo de las listas políticas alternativas.
Tal vez, una de las razones que más propicia esta situación desestabilizadora sea la aguda polarización política que enrarece el ambiente democrático. Las noticias falsas, las sindicaciones sin fundamento, la descalificación del contrario, y la agresión verbal contra los oponentes, son comportamientos de los que no escapan algunos importantes dirigentes de las banderías políticas.
Esa incontinencia verbal que ha venido creciendo, estimula a partidarios fanatizados a apelar a métodos delictuales para atacar a los contrarios. Y, permite que las bandas delincuenciales se oculten tras esas actuaciones para amenazar o asesinar.
Elementos como los que se esconden tras el remoquete de “Águilas Negras” que, en el pasado actuaron bajo el amparo de algunos sectores del alto mando militar y policial, pretenden volver a su accionar tras esas coberturas, obligan al Ministerio de Defensa y a la dirección de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional a tomar medidas drásticas, cortando por lo sano tales pretensiones.
La sociedad debe estar atenta frente a cualquier comportamiento antidemocrático que violente la seguridad de la sociedad. La tranquilidad no tiene precio y debe ser cuidada con esmero en un país que ha estado históricamente marcado por la violencia.
Desafortunadamente, actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, el sistema de contratación pública corrupto, alimentan la violencia política con la intromisión de los dineros sucios en las campañas electorales. El gobierno tiene la obligación no solo de perseguir efectivamente esas actividades, sino garantizar la vida e integridad de los candidatos y activistas políticos. Sobre todo, de la oposición democrática.
