EDITORIAL
OMAR CUELLO ROMERO
El problema de la salud en Colombia, es un tema de nunca acabar, la cual se ahondado en los últimos años, después de la ley 100, debido a la pandemia de la corrupción latente en algunos centros hospitalarios, EPS y cuanta entidad tenga que ver con el cuidado de los seres humanos.
Desde el año 2016, la Defensoría del Usuario de la Salud en nuestro país ha venido insistiendo sobre la crisis que agobia la salud en Colombia, especialmente denunciando las arbitrariedades y acciones irregulares de algunas EPS que tienen que ver con la prestación a los usuarios vinculados a éstos entes en ciudades y municipios del territorio nacional.
La Defensoría del Usuario ha dejado al descubierto una verdad de apuño en cuanto a los abusos de que cometen a diario esas instituciones en relación al traslado de pacientes a otras ciudades como Barranquilla y Cartagena , sin consultar a los familiares sobre esa decisión, todo de manera ilegal porque en la mayoría de los casos los centros de salud no son autorizados y lo que es peor, en el hospital regional y las propias IPS cuentan con servicios especializados debidamente habilitados, generando erogaciones costosas al paciente con riesgo a caer en el llamado «paseo de la muerte» en otras ciudades de destino.
De conformidad con la ley 1751 estatutaria para esos casos, establece claramente las competencias de calidad, oportunidad y de libre escogencia y accesibilidad para que los usuarios reciban tales servicios como derecho fundamental.
Muy a pesar de las denuncias, las EPS siguen cometiendo de manera permanente esas arbitrariedades de traslados de los pacientes a otras ciudades, trayendo graves consecuencias a los familiares en lo económico y sicológico, porque como se sabe, después que la persona sale de Magangué a otra plaza de la Costa, se expone al paseo de la muerte, sin que nadie responda por la vida y honra del afectado.