Desde el anterior gobierno, se han venido generando sinergias para buscar el desmonte del lucrativo negocio de los medicamentos en Colombia, que va en detrimento del bienestar de la sociedad colombiana. Es oportuno reconocer los esfuerzos que han venido emprendiendo las entidades encargadas del manejo del sector, sin desconocer los problemas que afronta la salud en Colombia. Los organismos de control han venido develando las mafias que se han entronizado en los diferentes canales de distribución que presentan los medicamentos. Inclusive se ha podido detectar que los precios superan más de cinco veces en los centros de comercialización de países vecinos y que muchos laboratorios se han prestado para lucrarse de este negocio. Se ha demostrado el costo exorbitante de los medicamentos. De acuerdo con un estudio de Health Action International que comparó el precio de un antibiótico común en 93 países, Colombia es el campeón mundial de la carestía de las medicinas. Según lo han documentado la Federación Médica Colombiana (FMC), Ifarma y Misión Salud, parte del descalabro financiero del sistema se debe al precio astronómico de un puñado de medicamentos de marca, disparado a niveles inauditos por las EPS y otros intermediarios que los recobran al Estado.
Como lo dice la FMC, este es el «síndrome de inmunodeficiencia recobrante», el sida que carcome el sistema.
Los recursos del Fosyga han venido siendo aprovechados por estos delincuentes para realizar esta clase de actos irregulares que están conduciendo al desangre del sector. Así, el horizonte del dinero continúa gris. De igual manera, es valioso el interés del actual gobierno en velar por la situación de los hospitales, en especial de los públicos y buscar la forma de blindarlos de presiones externas del clientelismo y alejarlos de la corrupción en estos entramados negocios de medicamentos. Se esperan las medidas precisas para lograr estos objetivos, además de las estrategias para garantizarles el saneamiento fiscal y financiero, sin atentar contra su misión.
Es plausible la decisión gubernamental que permite a partir de la presente vigencia, regular el precio de 902 medicamentos. Así esta modificación implica un descuento hasta del 50% para una lista de medicamentos esenciales para algunas enfermedades crónicas, de cáncer y también anticonceptivos. Además, se deben estructurar estrategias plasmadas en la nueva política farmacéutica, que están encaminadas a estimular la producción de medicamentos estratégicos y genéricos, así como el desarrollo de nuevos programas de acceso, el diseño de redes de servicios farmacéuticos y la promoción del uso adecuado de los medicamentos, con el fin de contrarrestar estos abusos a los pacientes del Sistema Nacional de Salud.
