Como era de esperarse la propuesta de ampliar el período de los actuales alcaldes por dos años más para equiparar los tiempos de gobierno con los del Presidente de la República, ha generado una verdadera dicotomía conceptual entre los legisladores colombianos.
Y es que en esto además de la ampliación del tiempo de los mandatarios seccionales, también se está convirtiendo en una confrontación de orden político pues los legisladores que apoyaron a mandatarios están a favor de la ampliación, mientras que los que no cuentan con ellos la rechazan.
Aunque la esencia del proyecto es ampliar los periodos para que estos coincidan con la del gobierno central, al parecer el querer del mismo se ha perdido en el comino y se está convirtiendo en una puja política al mejor estilo de la desgastada clase dirigente política colombiana.
El proyecto ya paso el primer debate en la comisión primera del senado, de los ocho que debe cumplir, cuatro en el senado y cuatro en la Cámara de representantes y cuenta con el respaldo del gobierno del presidente Duque.
Varias ideas en torno al tema han surgido por parte de partidarios y opositores del proyecto como la de que se apruebe como está pero que comience a colocarse en práctica con los nuevos alcaldes que se escojan o sean elegidos en octubre del año entrante.
Otra de las propuestas es la de ampliar solo un año el mandato de los mandatarios seccionales e incluir en el mismo un año más para el actual mandatario de los colombianos.
Cierto es que en algunas ciudades capitales del país y municipios, sus habitantes respaldarían la ampliación del periodo de los mandatarios actuales, pero en otros –que son la gran mayoría- no lo ven con muy buenos ojos pues en su entender ampliar el periodo a mandatarios que no han cumplido con lo prometido en su programa de gobierno, seria premiar la ineficiencia y la mediocridad.
El tiempo se acorta y aun no es claro que pasara con esta iniciativa, lo cierto es que por ese mismo hecho la actividad proselitista está prácticamente estancada a lo largo y ancho del territorio nacional, pues los precandidatos no saben si arrancar o aguantar sus campañas.
Pero mientras los pre-candidatos anhelan que no pase el proyecto, los actuales mandatarios territoriales hacen fuerza para su aprobación, pues dos años más de gobierno no les caería nada mal para sus intereses políticos y lógicamente económicos.
Lo único cierto sobre el tema es que si se aprueba en esta legislatura no será la última palabra pues será la Corte Constitucional la que de la última palabra sobre su viabilidad.
