Una posible comisión de varios delitos se estarían cometiendo durante una licitación pública que persigue, entre otras, la actualización y gestión de nuevas tecnologías en el país y que está a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Así lo denunció el bufete de abogados que dirige Jesús Yepes, quien señaló que serían por lo menos cuatro las conductas delictivas las que se estarían fraguando en este proceso.
En un comunicado, Yepes señaló que “un mesurado análisis permite inferir la concurrencia de las hipótesis delictivas de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, acuerdos restrictivos de la competencia y peculado”.
Según Yepes, el pliego de peticiones y las condiciones para la adjudicación de este contrato por un poco más de 723.000 millones de pesos están diseñadas para favorecer a la firma Telefónica S.A.
Para entender todo este pleito es necesario remontarse a mayo de 2018, cuando el SENA convocó a un concurso de méritos para que se estructuraran las condiciones de la licitación que está en duda. Pero la entidad declaró desierto ese proceso que tenía en juego más de 3.072 millones de pesos.
Posteriormente, celebró un convenio interadministrativo con la Universidad Nacional por un monto similar. Lo curioso es que la Nacional ya había sido declarada como no habilitada en el primer proceso.
De allí que Yepes advierta que se estarían “violando los principios de planeación, economía, transparencia y selección objetiva, la estructuración arrojó un pliego de condiciones que desconoce los estudios previos de oportunidad y conveniencia, y el Estudio de mercado y precotización, que deben comprenderse incorporados a los trámites precontractuales y de naturaleza esencial para su validez”.
Tras la estructuración de los prepliegos adicionaron unas exigencias tecnológicas que en la actualidad solo son fabricados por el gigante chino Huawei y esta firma, según se ha conocido, los ha ofertado a Telefónica.
De concretarse esta operación, Yepes señala que habría un sobrecosto del 479 %, que sería asumido por el erario y que se prevé un detrimento cercano a los 174.000 millones de pesos.
A la fecha no se conoce pronunciamiento del SENA y de las demás entidades implicadas en el desarrollo de este lío judicial.
