El dinero es el mayor determinante de la influencia, del éxito político y de la contratación pública en Colombia. Nuestra patria avanza a pasos agigantados hacia una plutocracia, un sistema de gobierno en el que aquellos que ostentan el poder político y legislativo son dirigidos por el poder económico. Dicho de otra manera las élites económicas ejercen cada vez más un papel desproporcionado en el manejo del gobierno y estamos derivando rápidamente hacia una democracia burguesa donde los más poderosos son quienes mandan.
La concentración de la riqueza es cada vez mayor, los ricos son cada día más ricos y por ende los pobres más pobres. La banca (el dinero) y los medios de comunicación (la información) cayeron en unas pocas manos consolidándose un sistema desigual que facilita la explotación económica. Sin duda otra forma de corrupción.
Desde los albores del siglo XXI el gobierno nacional, en manos de Uribe y Santos, ha facilitado este proceso y solapadamente le han entregado el poder a las mismas élites a las que pertenecen. Dueños y propietarios directos o indirectos de todos los escenarios de decisión solo les faltaba la contratación pública y han logrado hacerse a ella de manera subrepticia. Desde el año 2002, el gobierno ha implementado políticas de “cero anticipos” en todos los contratos del Estado acusando a los constructores y a la ingeniería colombiana de mal manejar estos recursos y afirmando que la solución salomónica frente al problema es impedir su entrega.
De esta manera los grandes contratos solo le pueden ser adjudicados a quienes demuestren tener el poder económico suficiente para soportar la financiación de las obras hasta después de construidas. Detrás de esta política perversa y corrupta la banca colombiana y los monopolios se apoderaron de las concesiones, las licitaciones y los peajes y se convirtieron en competencia desleal para la ingeniería nacional.
Sin ninguna duda la directriz política según la cual “primero se ejecuta y luego se paga” conlleva una prohibición tácita a los anticipos en las entidades públicas, contraria a la autorización legal y que simpatiza con la concentración de la contratación pública en unas pocas manos, privilegiando la capacidad financiera sobre la técnica y la experiencia.
Hipócritamente, en el marco del “Plan para impulsar las Mipymes”, el Gobierno anunció anticipos hasta del 20 % para contratos con cuantía inferior a los diez mil millones de pesos pero insistió en que mantendrá la política de no girarlos cuando el valor supere esa cifra. Hay que luchar contra esa descarada forma de concentrar la contratación en Colombia.
Las entidades estatales y el gobierno en general, en aplicación de los principios de la función pública y la gestión fiscal, debieran acoger en sus manuales y/o contratos un régimen de controles adecuado para proteger los recursos públicos que se entreguen en calidad de anticipos, incluyendo la exigencia de garantías, planes para su adecuada utilización, cuentas bancarias con manejo conjunto, la exigencia de contratos de fiducia mercantil, mecanismos de protección al mediano y pequeño empresario, la verificación de la amortización parcial y total del anticipo; la congelación de los recursos y su reembolso cuando lo amerite y la utilización eficaz del seguro de cumplimiento. De esta manera se protegerá al más débil permitiéndole el acceso a la contratación pública.
Señor presidente Iván Duque, no más concentración de la riqueza nacional. ¿Qué va a hacer contra la corrupción? ¿Solo apoyar la consulta y votar?
