El lunes 21 de noviembre se conoció el acuerdo al que llegaría la Fiscalía General de la Nación con el coronel Benjamín Núñez tras la investigación adelantada por su participación e incidencia en la masacre de tres jóvenes asesinados en Chocó, Sucre, y que iban a ser presentados como integrantes abatidos del Clan del Golfo. Según el ente de control el alto mando policial podría pagar una condena de 29 años de cárcel por los delitos homicidio agravado, falsedad en documento público, privación ilegal de la libertad y manipulación, alteración o destrucción de elemento material probatorio, cargos que el coronel no aceptó plenamente convencido de poder llegar a un mejor acuerdo con el ente acusador.
Sin embargo, Benjamín Núñez se entregó el pasado 9 de septiembre tras estar prófugo de la justicia desde el día en que ocurrió el triple crimen. Incluso, semanas después de los hechos se supo que había tomado un vuelo con destino a México, país desde el cual decidió someterse a la justicia colombiana, pues en su contra había también una circular roja de Interpol.
Por esta razón, a finales de ese mes, un juzgado de control de garantías de Tolú (Sucre) determinó que debía permanecer en la cárcel La Picota, en Bogotá, mientras avanzaban las pesquisas por su posible participación en los crímenes de Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibañez y Carlos Arévalo, jóvenes que habrían sido asesinados por orden del coronel para después ser presentados como integrantes del Clan del Golfo muertos en respuesta al ‘plan pistola’ liderado por esa estructura a mitad de año.
Más allá del acuerdo al que habría llegado la Fiscalía General de la Nación y el alto mando, este no fue firmado por las partes más allá de haber sido socializado con familiares de las víctimas. En caso de que tenga las firmas, el documento debe ser presentado ante un juez para que tenga conocimiento del acuerdo contemplado dentro de la investigación contra el coronel retirado.
A su vez, los familiares de las víctimas han manifestado que el coronel, por su jerarquía, grado y cargo, tenía conocimiento, consintió, permitió y muy posiblemente además de asesinarlos, participó de las lesiones previas ocasionadas a estos jóvenes, pues él fue quien recibió y tomó el control desde el lugar donde los detienen, donde empezó la tortura y el posterior asesinato de los tres jóvenes que no sobrevivieron a los disparos efectuados, de acuerdo con las investigaciones, por este uniformado.
Es importante precisar que el pasado 22 de agosto fue emitida una circular roja de Interpol en su contra. Sumado a eso, el 14 del mismo mes varios uniformados testificaron en su contra, afirmando que fue él quien les disparó a los jóvenes en la parte trasera de una de las camionetas de la institución, misma donde después fueron trasladados con vida a un centro médico de la zona, donde murieron minutos más tarde.
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