En una muestra de total desconocimiento del ordenamiento jurídico que los llevaría a ser destituidos de manera fulminante por parte del Ministerio Público e inclusive a ser privados de la libertad –como se ha dado en muchos casos-, quedaron abocados los integrantes del Consejo de Talaigua Nuevo, Bolívar, luego que dieran posesión al personero, contraviniendo de esta manera una resolución judicial que ordenaba se abstuviera de continuar con el proceso.
De manera “olímpica” y desconociendo dos fallos judiciales que ordenan suspender de manera provisional esa elección y por ende posesión del personero, ayer en horas de la tarde tomaron el juramento de Ricardo Contreras como personero para el periodo 2020-2023.
Contreras venía ejerciendo dichas funciones desde el periodo anterior y se había postulado para ser reelegido en el cargo mediante concurso de méritos que a manera de ver de varios profesionales del derecho que se presentaron al mismo, se vulneraron sus derechos.
Todo comenzó el pasado 19 de diciembre del 2019, cuando el Juzgado promiscuo de Talaigua, aceptó la acción de tutela presentada a ese despacho por el ciudadano Cristian Agressot Mancera contra el Concejo Municipal, quien solicito se tutelaran sus derechos constitucionales de acceder a la carrera administrativa, a la igualdad y al debido proceso, frente al concurso que el ente coadministrador venia adelantando para escoger el personero local para el periodo 2020-2023.
En la providencia el juzgado no solo acepto la acción de tutela, sino que pidió suspender de manera provisional el concurso para proveer el cargo de representante del ministerio público en esta municipalidad.
De igual manera y con la misma fecha el Juez Promiscuo, Jesús Delgado Brito, acepto y tutelo el derecho del ciudadano, Lucio Miguel Bravo Sinnig, que solicito – como el anterior, se tutelaran sus derechos constitucionales de acceder a la carrera administrativa, a la igualdad y al debido proceso, dentro del proceso de escogencia de Personero local.
El juez tutelo su derecho y demando igualmente del concejo suspender la resolución No 7 de octubre del 2019, emanada del ente para proveer el cargo de personero de la localidad.
Al posesionar a Contreras, los concejales incurrieron en el delito de fraude a resolución judicial, toda vez que desconocieron una orden de un juez de la república, prevaricato por acción por que no acataron lo ordenado por la ley y siguieron actuando en un proceso que se encontraba suspendido y prevaricato por omisión al desconocer la ley.
Ahora, para terminar de complicar la situación del personero, se estableció que una demanda en su contra se presentara en los próximos días por el delito de usurpación de funciones, teniendo en cuenta que su periodo terminó el pasado 31 de diciembre y el concejo debió nombrar un personero encargado de sus funciones mientras se hacia la correspondiente elección, algo que no se hizo y el personero siguió cumpliendo con sus funciones.
