Coincidencialmente en otro gobierno uribista se da el hecho
El anuncio hecho por el fiscal General en el sentido que pidió a la Corte Suprema aperturar una investigación al ministro de agricultura, Rodolfo Zea, por ser funcionario aforado, para que dé explicaciones por presuntas irregularidades en el otorgamiento de ayudas en la Línea Especial de Crédito Colombia Agro Produce, que creó esa cartera para apoyar al campo durante la emergencia sanitaria, abre la posibilidad que el país este ad portas de conocer un nuevo AIS segundo capítulo.
Tanto el organismo judicial, como la Contraloría, conocieron que solo el 2 % de los créditos subsidiados llegaba a pequeños productores porque un campesino preocupado por los riesgos para su cadena productiva hizo una denuncia, en la que aseguró que apenas dos horas después de que comenzó a operar el crédito de Finagro los subsidios se agotaron en manos de grandes productores.
La Contraloría General, en cabeza de Felipe Córdoba, alertó que “grandes agroindustriales y comercializadores se quedan con la mayor parte de los recursos” que ascienden a la suma de 252 mil millones de pesos y, además, los “están utilizando en actividades no productivas”.
Eso representaría una desviación en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), pues de los 226.000 millones de pesos colocados hasta el 8 de abril, 213.566 millones se habrían quedado en los bolsillos de grandes comercializadores y agroindustriales, 8.300 millones habrían sido para medianos y solo 4.200 millones para pequeños productores.
El titular de la cartera de agricultura, Rodolfo Zea, firmó la Resolución 001 de 2020 del 27 de marzo que fijó las reglas para ese crédito, que “al parecer” de manera inicial fueron entregados a grandes industriales del sector y no a los campesinos.
A pesar que hoy, como lo dijo el presidente de Finagro, Dairo Estrada, varios beneficiados ya reversaron el crédito para evitar un “desgaste reputacional”, para los entes de control que adelantan la investigación, así se devuelvan los recursos, el delito ya está cometido.
Este caso trajo a la memoria el tan sonado escándalo del Agro Ingreso Seguro, en donde se dilapidaron millones de pesos en recursos entregados a reconocidas familias mientras que a los campesinos no llegó un solo peso.
Por este hecho hoy se encuentra privado de la libertad el ex ministro Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión por la Corte Suprema de justicia y quien fue deportado de los Estados Unidos a donde había huido en su momento para evadir la sentencia.
Coincidencialmente este segundo hecho se da – como en el primero- en un gobierno en donde el uribismo es el principal actor.
