Con el acompañamiento de la Procuraduría, la Contraloría, Empresas Públicas de Medellín (EPM), las Corporaciones Regionales Autónomas y gobernaciones de Bolívar, Córdoba, Sucre y Antioquia, así como los alcaldes de los municipios afectados, hoy iniciará el recorrido por La Mojana para reconocer y registrar los daños ocasionados por las maniobras de la Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango).
El recorrido, que durará una semana, se iniciará en el municipio de Ayapel, Córdoba, y terminará el domingo 7 de abril en el municipio de Magangué, Bolívar. Este hace parte de los compromisos pactados por los gobernantes de esta región, el pasado 15 de marzo, para enfrentar las afectaciones que Hidroituango ha ocasionado y que podría seguir causando en La Mojana.
Tras culminar el itinerario, el próximo lunes 8 de abril las CAR y autoridades presentarán un informe con el balance de los hallazgos, los cuales serán el insumo para la reunión que se realizará el 15 de abril en Montería y donde participarán todos los actores involucrados.
Compromisos
En Montería se tratará otro de los compromisos, el cual tiene que ver con la contratación de un estudio técnico especializado, para que se entregue un completo y unificado balance sobre los daños causados por Hidroituango. Ese día las CAR deberán presentar sus propuestas de universidades o entidades avaladas para estos casos, para que desarrollen el mencionado estudio.
Acción Popular
Es preciso recordar que además de las acciones que realizan los departamentos de La Mojana, la Procuraduría General de la Nación radicó a principios de marzo una acción popular para que se investiguen las afectaciones que las fallas en la obra Hidroituango han traído a las comunidades del norte y bajo Cauca, y que se les brinden las ayudas necesarias.
La acción popular, interpuesta por el ministerio público en contra de EPM, Hidroituango S.A, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y otras autoridades relacionadas con el proyecto, busca que sea de obligatorio cumplimiento que se brinden las ayudas necesarias a las comunidades afectadas. Además, en dicho documento la Procuraduría revela que con la construcción de la represa se omitieron controles. “Las anteriores contingencias nunca fueron controladas por las empresas demandadas; por el contrario, pusieron y siguen poniendo en grave riesgo a parte de la población”, agrega. En ese sentido, el ministerio público denuncia que los informes entregados por Hidroituango no revelan el estado de la obra. “La información entregada por Hidroituango ha sido inexacta, extemporánea y poco veraz”, señala el documento. La Procuraduría expuso ante el Tribunal 16 peticiones entre las que se incluye garantizar que no se seque nuevamente parte del río Cauca.
