El pasado 15 de enero fue asesinado Víctor Manuel Trujillo Trujillo en la vereda Puerto Guamo, ubicada en el municipio de Montecristo (Bolívar). La denuncia fue realizada por la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua), a la que Trujillo pertenecía. Según un comunicado de la organización, miembros del frente Guillermo Ariza del Eln habrían cometido el crimen.
De acuerdo a un comunicado, Trujillo se retiró de la después de que, en abril de 2014, fuera “intimidado, amenazado y perseguido por presuntos agentes de la Fuerza Pública para que declarara los supuestos vínculos de la Aheramigua con las extintas Farc-Ep”. Después de esto, Trujillo vivió tres meses en Ecuador.
Trujillo, quien también era cantante del género urbano, resaltó en la asociación en 2013 por su trabajo en el paro agrario de ese año. Posteriormente, llegó a ser miembro de la junta directiva de la organización que tiene influencia en los municipios de Montecristo y Santa Rosa (Bolívar), y Nechí y El Bagre (Antioquia).
Aheramigua también aseguró que en varias ocasiones durante 2018 se vieron afectados por grupos armados al margen de la ley. Uno de esos hechos fue cuando, en junio de ese año, Daniel Rizo, miembro de la asociación, se refirió a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito durante una reunión comunitaria realizada en zona rural del municipio de Nechí. En ese momento, alguien identificado como ‘El Patonazo’, del Eln, lo insultó. Un mes después, según Rizo, “un miliciano me que abriera el ojo y que caminara a paso lento, porque estaban averiguándome la vida y que era mejor que yo me fuera”.
La asociación, además, aseveró que el Eln ha realizado otras actividades en la zona, como la instalación de minas antipersona en la vereda La Coquera (El Bagre); el reclutamiento de menores de edad, y extorsiones y amenazas a líderes sociales en la región.
Por todo lo anterior, Aheramigua pidió al Gobierno nacional y a la guerrilla del Eln que continúen con el proceso de paz. También que se tomen medidas para la protección de líderes sociales “que habitan en el territorio de los municipios mencionados, quienes vienen siendo hostigados y asesinados por la insurgencia y los grupos paramilitares que controlan la región”.
