Creada hace menos de treinta años, La Corte Constitucional moderna, fue la que introdujo al país en discusiones sobre derechos que rompieron con los conceptos que por más de cien años impuso la antigua carta constitucional de 1886 y es por eso que hoy es una de las instituciones que tiene mayor reconocimiento entre los colombianos.
Sus decisiones o sentencias –y de esto no queda la menor duda- marcaron la historia del país al lograr acabar con la inercia existente en el anquilosado aparato del Estado.
Lo temas allí debatidos tocaron a la sociedad colombiana en todo su conjunto.
Temas como la tutela, la despenalización del aborto en los casos de violación o graves riesgos para la salud de la madre, el matrimonio igualitario, la sustitución pensional, la afiliación en salud, la adopción para las parejas homosexuales, la despenalización de la dosis mínima y el derecho a morir dignamente son hoy una realidad en Colombia, gracias a los valientes fallos de los jueces constitucionales.
Pese a escándalos como el del Cartel de la toga en el cual quedo inmerso uno sus integrantes, Jorge Pretell, no logró opacar en la retina de los colombianos la buena imagen de la Corte Constitucional.
Los nueve integrantes que conforman hoy esta Corte tienen la responsabilidad de definir el rumbo del país, precisamente en momentos en el que el país se encuentra polarizados alrededor de las objeciones presentadas por el gobierno a la Ley estatutaria de la JEP.
Ya la Corte se ha refirmado en varias de las objeciones hechas a la JEP, fijando así límites sobre el tema, como el de las pruebas que puede practicar la JEP en casos de la extradición, uno de los puntos objetados por el ejecutivo.
Allí quedo expuesto de manera clara lo que ya se había afirmado el año inmediatamente anterior al definir las competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Especial para la Paz, JEP.
De manera democrática y cuando son temas muy álgidos para la vida de la nación, la Corte ha convocado a audiencias públicas lo que ha reforzado el talante democrático de esta institución.
El eventual regreso de la fumigación aérea en la estrategia contra la coca, el nuevo conflicto de competencias entre Fiscalía y JEP –esta vez por el manejo de los bienes entregados por las Farc–, así como sendas demandas contra la ley de financiamiento y contra los controles impuestos a la dosis mínima de droga en el Código de Policía, figuran en la agenda que está a punto de fallar la Corte.
Esta entonces la Corte Constitucional, en su momento más álgido y en los ojos de todos los colombianos, ante la enorme responsabilidad de decidir lo que más le conviene a Colombia.
