Definitivamente tenemos que reconocer que nuestro país está en manos de la corrupción, un flagelo que con el pasar de los días de convierte en más grave de los delitos por encima de los cometidos por las bandas criminales organizadas que operan y de los mismos grupos guerrilleros.
En solo una semana el plan Bolsillos de Cristal de la Fiscalía dejó en evidencia como funcionarios y particulares se apropiaron de manera ilegal recursos públicos por más de 24.000 millones de pesos.
Alcaldes, exalcaldes, secretarios municipales, funcionarios judiciales y contratistas, fueron judicializados por la fiscalía por estar inmersos en este delito contra lo público.
Los operativos y diligencias adelantadas por la Fiscalía dejaron en promedio y por día, al menos seis personas judicializadas como responsables de ofrecer y recibir sobornos, irregularidades en contratos y omisión de funciones.
Proyectos de infraestructura, el caso del ex fiscal Bermeo de la JEP y hasta ex funcionarios de juzgados que estafaban con la realización de falsos remates, son apenas la punta del iceberg de los muchos delitos de corrupción que se cometen en nuestro país.
No cabe duda que la corrupción está deteriorando cada vez más la democracia en lo local, afectando la credibilidad del ciudadano en su institucionalidad más próxima y por ende la pérdida de valores en los colombianos.
Si nada se hace, los nuevos protagonistas de la política, desde donde ella se inicia que es a nivel municipal, llegarán a ser gestores de la democracia departamental, como ya ha venido ocurriendo en algunas regiones del país, y ─una vez extendidos a este nivel─ finalmente habrán de capturar la vida nacional para imponer la nueva filosofía en la que “lo público es para robárselo”.
Es por eso que es inminente la creación de políticas públicas que den prioridad a la lucha contra la corrupción y algo más importante; el endurecimiento de las penas contra los corruptos con penas que deben ser superiores a los veinte años y sin ningún tipo de beneficios para los infractores.
A los corruptos no les importa siquiera la estigmatización que producen los titulares de prensa. Por eso, ¡llegó la hora de la justicia! Solo a partir del poder disuasivo de penas condignas, nuestra sociedad podrá recuperar el tejido ético de la Nación.
Colombia tiene suficientes normas contra la corrupción, como la Ley anticorrupción el problema es que no se aplica, de lo contrario estamos seguro que con el pasar de los días el país será de los corruptos de cuello blanco.
No se puede seguir viviendo complacientemente con la corrupción.
